Moquegua: 58 trabajadores de Salud recibieron pagos pese a estar con licencia
De acuerdo a la Contraloría, la aprobación y autorización de pagos ocurrió en el año 2020 pese a que los servidores no laboraron. El perjuicio es superior a los 100.000 soles.
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Durante el año 2020, 58 trabajadores del sector Salud en la región Moquegua recibieron una asignación económica por atención primaria de salud pese a que estaba con licencia durante el primer año de pandemia y, por ende, no se encontraban trabajando.
Por este hecho irregular, la Contraloría General de la República encontró responsabilidad civil y administrativa en 10 funcionarios y servidores públicos de la Red de Salud Ilo y la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Moquegua.
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Ellos aprobaron y tramitaron el pago de dicha asignación durante el primer año de la pandemia del coronavirus, hecho que ocasionó un perjuicio económico de S/ 101.183,55.
Pagos en Ilo
De acuerdo al informe de la Contraloría, la irregularidad ocurrió entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. En Ilo, 31 trabajadores de la Red de Salud recibieron la mencionada asignación pese a estar con licencia o que no laboraron de forma efectiva por periodos iguales o mayores a un mes.
Los servidores corresponden a los centros de salud Miramar, Jhon F. Kennedy, Pampa Inalámbrica y Los Ángeles y a los puestos de salud 18 de Mayo, Pacocha y Varadero. En el caso específico de Ilo, los responsables del pago son cinco funcionarios.
En otras microredes
Los otros 27 casos se presentaron en las microredes de Omate, Ubinas, Ichuña y Carumas, específicamente los centros de salud Omate, Coalaque, Puquina, Ichuña, Yunga, Carumas, Calacoa y San Cristóbal, y en los puestos de salud de Quinsachata, Anascapa, Muylaque y Puente Bello.
Por estos hechos, la Contraloría recomendó a los titulares de la Red de Salud Ilo y de Diresa Moquegua el inicio de las acciones administrativas contra los presuntos responsables. También se recomienda a la Procuraduría Pública de la Contraloría el inicio de las acciones legales civiles contra los servidores públicos comprendidos en los hechos.
