Centrales asháninkas solicitan urgente audiencia a la PCM

En oficio dirigido al presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, la Central Asháninca del Río Tambo y la Central Asháninka del Río Ene, en el departamento de Junín, solicitaron “una audiencia de emergencia” para el miércoles 11 de agosto a las 11 de la mañana.

El propósito del encuentro con el premier es exponer la delicada situación de las comunidades indígenas de la selva central ante el avance de los sembríos de coca, las amenazas de muerte que reciben por denunciar la invasión de cocaleros en sus territorios y por desarrollar cultivos lícitos para lograr una mejor calidad de vida en las comunidades.

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Los dirigentes Pedro Ángel Valerio y Fabián Antúnez Camacho, quienes firman el documento, refieren que en reiteradas ocasiones han denunciado el aumento de cocales destinados al narcotráfico, así como la contaminación de sus ríos y la tala de árboles realizadas por colonos dedicados al tráfico ilícito de drogas.

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También han expresado su preocupación por el daño social, económico y ambiental que genera el narcotráfico en sus territorios. De ahí que muchas veces exhortaron al Estado a que priorice la inversión pública para mejorar los servicios básicos y desarrollar proyectos productivos.

Indican que las comunidades de ambas centrales asháninkas decidieron fortalecer los cultivos alternativos y optar por el desarrollo sostenible, para lo cual han firmado convenios con entidades públicas y privadas. Debido a que esta determinación afecta los intereses de los cocaleros, está poniendo en riesgo la vida de los indígenas.

“Por ese motivo solicitamos una reunión con usted para el día miércoles 11 de agosto a horas 11 a. m. en su despacho, para hacer de su conocimiento el trabajo positivo que se viene realizando como parte de este esfuerzo conjunto con el Estado y afirmar el compromiso con su flamante gestión y seguir contribuyendo al desarrollo integral y sostenible de nuestras comunidades”, anotan en el oficio.

Agregan que debe ser con intervención activa de las organizaciones indígenas para garantizar el derecho a la participación y la consulta previa de sus miembros.