Red criminal cobraba S/ 82.000 por camas UCI en el hospital Almenara
Alto a la corrupción. Dos funcionarios administrativos de ese nosocomio lideraban organización criminal integrada, además, por esposa de exfutbolista Juan Carlos Bazalar.
Era un secreto a voces. Las denuncias circulaban en las redes sociales desde hacía meses, en Lima y en regiones. Señalaban hospitales, auxiliares, enfermeras y hasta médicos, pero recién ayer se tuvieron las evidencias. Con ellas se ordenó la detención de 9 personas acusadas de cobrar hasta 82.000 soles por una cama UCI en el hospital Guillermo Almenara.
Todo empezó con la denuncia de una familia a la que intermediarios le cobraron esa suma para, supuestamente, facilitar que uno de sus seres queridos que se hallaba grave con Covid-19 consiga una cama UCI.
“Les ofrecieron saltar del puesto 20 al número 1”, afirmó el jefe de la Dirección Contra la Corrupción (Dircocor), coronel Arturo Valverde. Y agregó: “Primero le pidieron 85.000 soles, pero luego le hicieron una rebaja. La denunciante hizo dos depósitos de 35.000 y 47.000 soles”.
“Estas son cuestiones de adentro, me entiende. Todos son movimientos, yo no me estoy ganando nada y no quiero ganar nada porque a mí me interesa la vida de las personas”, le dijo una de las intermediarias.
Los integrantes de la red
Durante el operativo ejecutado por agentes de la Dircocor y el Ministerio Público fueron arrestados Pedro César Pino Gonzales, quien es coordinador de extensión de la Red de Salud Almenara; y Nery Magaly Ochoa Menacho, funcionaria administrativa de ese hospital.
Ambos habían sido separados de sus cargos por la entidad de salud y ahora son investigados por los delitos de tráfico de influencias y delito contra la administración pública, bajo la modalidad de cohecho pasivo propio. Ellos habrían liderado la organización.
Durante la madrugada también fueron detenidos Ana Aróstegui Girano, exvoleibolista y esposa del exseleccionado de fútbol Juan Carlos Bazalar, además de Sebastián Bazalar Aróstegui, hijo de ambos. Ella es tesorera de la ONG Donantes de Esperanza.
La Policía estableció que el depósito del dinero no se hizo directamente a la captadora (Ana Aróstegui), sino a la cuenta de su hijo Sebastián.
También se detuvo a Miguel Ángel Agarini Barraza, Luis Diego Alejandro Moreyra Muñoz, Piero Jesús Pino Carmona, Vanessa Recuenco Ochoa e Iraida Vanessa Muñoz Arróspide de Agarini (fiscal de la citada ONG).
Agraviado los delató
De acuerdo con las pesquisas, los últimos habrían facilitado sus cuentas bancarias para que se deposite el dinero. Las autoridades les incautaron tres laptops, 11 celulares, dos dispositivos USB, dos tarjetas de crédito, así como vouchers, dinero en efectivo y otros elementos que contribuirán con las investigaciones.
Según el tercer despacho de la Segunda Fiscalía Provincial especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, esta organización criminal denominada “Los Ángeles Negros” era liderada por Pino Gonzales.
El operativo de allanamiento y registro domiciliario y detención preliminar por siete días fue dirigido por el fiscal Reynaldo Abia Arrieta, quien confirmó que la investigación comenzó con la denuncia de una agraviada. Agregó que se investiga si hay médicos implicados.
“A esta persona la captan unos intermediarios desde fuera (del hospital) para que del puesto 20 (de espera de cama UCI) pueda pasar al puesto 1 y acceder de manera inmediata. Aparentemente el pago o transacción se ha realizado. Esta persona no accedió a la cama UCI, pero sí a una cama UCE (Unidad de Cuidados Especiales)”, precisó el magistrado.
“Indigna y desmoraliza”
Al respecto, EsSalud precisó que tras recibir la denuncia, la Oficina de Integridad y de Asuntos Jurídicos en el mes de abril comunicó a la Fiscalía Anticorrupción el presunto cobro por camas UCI que involucraba a 2 trabajadores administrativos del hospital Almenara.
El gerente de la Red de Salud Almenara, Jorge Amoros, dijo que “este lamentable caso nos indigna y desmoraliza a todo el personal del hospital. No puede ser que personal nuestro cometa estos delitos. Ellos tienen que ser sancionados”.
Aseguró que el hospital a su cargo dio todas las facilidades que requirió la Fiscalía. “La investigación se llevó a cabo de forma reservada para encontrar a los culpables de este tráfico de camas UCI”, indicó.
Sobre Pedro Pino Gonzales, dijo que es un funcionario cuya función era coordinar atenciones en diversas áreas del hospital.
Es abominable, dice ministro Óscar Ugarte
“Es abominable que alguien pueda negociar con camas UCI. Creo que la sanción debe ser drástica y debemos cortar la corrupción en todos los niveles. El Ministerio de Salud va a contribuir al máximo con las investigaciones para sancionar, como debe ser, a estas personas”, dijo, indignado, el ministro de Salud, Óscar Ugarte.
Han sido meses de investigación reservada de un trabajo conjunto y coordinado entre el Ministerio Público, la Policía y el Seguro Social. No se descarta que médicos estén implicados en esta red de corrupción, dijo el jefe de la Dircocor PNP.
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