Lambayeque: MPCh pagó un exceso de S/ 141.750 por el alquiler de maquinaria

El peritaje contable realizado al contrato suscrito por la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCh) con la empresa Veolia SAC por el alquiler de 10 compactadoras ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción, como parte de las investigaciones contra el alcalde Marcos Gasco Arrobas y sus funcionarios por el presunto delito de colusión agravada.

Informe

La República accedió a dicho documento donde una de las conclusiones del peritaje es que se produjo un perjuicio de S/ 249.733,14 luego de determinarse que la comuna provincial pagó S/ 1 896 733,14 a la empresa Veolia y que contaba con un presupuesto de S/ 1 647 000,00.

Un monto similar de perjuicio -ascendente a S/ 249.750,00 -fue advertido por la Contraloría por la contratación directa N° 01-2019-MPCH, denominada Contratación de servicios de 10 máquinas compactadoras para el servicio de recojo de residuos sólidos, debido a que se aprobó al margen de la normativa de consejo municipal y la concurrencia de la legalidad.

El informe contable precisa también que la municipalidad no consideró la cotización de la empresa Intersec Perú SAC que ascendía a S/ 1 647 000,00. Dicha propuesta fue desestimada, pese a que en marzo de 2019 la Subgerencia de Logística informó a la Gerencia de Administración y Finanzas que la entidad requería hacer un contrato para el recojo y transporte de residuos sólidos por la suma de S/ 1 647 000,00.

Dicho monto para la realización del contrato fue obtenido después de un estudio de mercado ejecutado por funcionarios del municipio. El proceso de licitación se basaba en la declaratoria de desabastecimiento inminente del servicio de recolección de residuos sólidos aprobado en sesión de concejo tras informes técnicos y legales de servidores de Marcos Gasco.

En la pericia se detalla también que el exsubgerente de Logística, Edgardo Siadén Ortega, determinó otorgar la buena pro a Veolia, pese a que su propuesta económica era de S/ 1 896 733,14. Esta medida fue contraria al valor referencia que había considerado la municipalidad por S/ 1 755 000.00, de acuerdo a las bases publicadas en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (Seace).

De esta manera, la comuna de Chiclayo llegó a pagar S/ 141.750 en exceso por el contrato firmado con Veolia por el alquiler de 10 compactadoras para el recojo de residuos sólidos. Sobre el particular, los peritos señalan que el exfuncionario no tuvo en cuenta la Ley de Contrataciones que aclara que se debe gestionar para que el postor acepte reducir su oferta económica.

Otra grave observación fue que la gestión y la aprobación adicional de los S/ 141.750 procedieron de los recursos del rubro canon y sobre canon, autorizado por el gerente de Planificación y Presupuesto, Luis Ponce Ayala. Esta decisión se produjo pese a que la facultad para programar y reprogramar los recursos de incentivo municipal son del gerente municipal.

También se concluyó que la empresa Veolia no contaba con el Registro de Empresa Operadora de Residuos Sólidos emitida por el Ministerio del Ambiente (Minam), el cual era necesario para garantizar el recojo y transporte de residuos sólidos.

Investigación

Además de Marcos Gasco, la fiscal Karim Ninaquispe investiga a los siguientes exfuncionarios: Cinthya Flores Huamanquispe, José Flores Cabanillas, Cristian Rosenthal Ninapaytan, Ricardo Romero Rentería, Luis Ponce Ayala, Juan Carlos Ibáñez Álvarez, Óscar Ahumada Ramos, Adriana Ghersi Burga y Edgardo Siadén Ortega, entre otros.

La Fiscalía ha planteado que estas personas sean investigadas alternativamente por el delito de negociación incompatible.