Suspendido alcalde de Trujillo va ocho meses prófugo de la justicia
Daniel Marcelo Jacinto, de las filas de Alianza para el Progreso, afronta una condena de más de cuatro años de cárcel por caso de corrupción.
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Este 14 de junio se cumplen ocho meses desde que el alcalde suspendido de Trujillo por Alianza para el Progreso (APP), Daniel Marcelo Jacinto, se encuentra prófugo de la justicia.
Fue en octubre del 2020 cuando el Octavo Juzgado Penal Unipersonal de la Corte Superior de Justicia de La Libertad sentenció a cuatro años y ochos meses de prisión a Marcelo por el delito de negociación incompatible ante el caso Baños Químicos.
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Tras el fallo condenatorio por sobrevalorar el alquiler de baños químicos durante el fenómeno de El Niño costero, la exautoridad apeló la decisión, pero solo hace un mes fue denegada y su orden de captura sigue vigente.
Ante ello, el promotor de su suspensión en el municipio trujillano, José Miranda, reveló a este diario que exigió a las autoridades del Ministerio del Interior que Marcelo sea incluido en el Programa de Recompensas, y pidió celeridad a la PNP para su ubicación e internamiento en el penal El Milagro.
Por su parte, el abogado Alfredo Galindo sostuvo a La República que la única opción que le quedaría al prófugo Marcelo es presentar un recuso de casación a la Corte Suprema, acción que tuvo buenos frutos en otro proceso judicial: caso Bloqueadores, en donde salió libre de cargos.
Podría regresar a la alcaldía
El letrado indicó que este nuevo proceso podría darse para fin de año y de tener un resultado positivo para el suspendido burgomaestre, este podría regresar a la alcaldía de Trujillo y tener un corto periodo de gestión hasta las elecciones municipales y regionales del 2022.
Caso Baños Químicos
A Marcelo, cuando era alcalde del municipio de La Esperanza, y a sus coacusados José Martínez Ulloa (exgerente general de la comuna), Liz Miranda (subgerenta de Logística) y Lourdes Quezada (a cargo del área de Adquisiciones), se les imputa el haber sobrevalorado el alquiler de cinco baños.
Según Fiscalía, se gastó la suma de S/ 78.000; es decir, S/ 500 diarios por este servicio, cuando en el mercado el precio era de solo S/ 14.
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