Reactivación económica en marcha exige priorizar un enfoque sostenible y de participación de las comunidades indígenas
Expertos en materia ambiental repasaron las normativas dadas en el marco de la pandemia y sus efectos en materia de protección ambiental.
Hasta la fecha, el proceso de reactivación económica emprendido por el Gobierno peruano ha significado un retroceso en las medidas que garantizan la protección ambiental y la participación activa de las comunidades indígenas.
Con el objetivo de revisar la normativa y brindar recomendaciones, las organizaciones de la Plataforma para una Reactivación Sostenible como CooperAcción, Grupo Propuesta Ciudadana, Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR) y Natural Resource Governance Institute (NRGI), así como la organización indígena AIDESEP organizaron el pasado martes 30 el webinar Balance a un año de la reactivación económica.
Al respecto, Vanessa Cueto, vicepresidenta de DAR, subrayó la importancia de no debilitar a instituciones ambientales como MINAM, OEFA, ANA y SERNANP. Ello frente a recientes proyectos legislativos, como el 7279/2020-CR, que propone seis fusiones ministeriales, entre ellas la del Ministerio de Energía y Minas con el Ministerio del Ambiente; y el Ministerio de Educación con el Ministerio de Cultura, actualmente a cargo de velar por los derechos indígenas.
Considerando el actual proceso de pandemia, Cueto invitó también a repensar el tradicional modelo de planificación de proyectos considerando ahora los aspectos ambientales y sanitarios desde su etapa más temprana. “Se necesita que en los estudios para los Estudios de Impacto Ambiental se recaude información clave en el tema de salud, y que los instrumentos de gestión ambiental cuenten con la opinión técnica del Ministerio de Salud en la elaboración de EIA”, acotó.
Además, invocó también a no ver el derecho a consulta previa como un obstáculo. “Hay varios vacíos, desde el monitoreo y cumplimiento de los acuerdos resultantes. Requerimos fortalecer a las entidades que hacen estos monitoreos. No utilicemos este derecho para decir que es una traba”, afirmó.
El evento también contó con la participación de Raquel Soto, Directora General de Políticas e Instrumentos de Gestión Ambiental del Ministerio de Ambiente (MINAM), quien se mostró a favor de reforzar los mecanismos para que los proyectos de inversión pública sean sostenibles. “En el marco del Invierte.pe, existe en la norma el mecanismo de internalización de los costos ambientales. Sin embargo, falta el cómo. El Ministerio del Ambiente debe reforzarlo, no ir solo a la tramitología, sino influir desde el momento de la idea y formulación del proyecto”, precisó.
Reactivación y minería
Claudia Viale, Oficial Senior para Latinoamérica de Natural Resource Governance Institute (NRGI), describió las características que marcan la actual reactivación económica. “Ha sido intensiva en aumento de la deuda y ha puesto a las industrias extractivas, Minería e Hidrocarburos, como el motor principal de la reactivación”, dijo.
Para Epifanio Baca, Coordinador Ejecutivo del Grupo Propuesta Ciudadana, también existe una presión empresarial para mantener el enfoque de recuperación centrado en Minería, el mismo que podría revivir antiguos conflictos mineros.
“Hay una gran presión del sector empresarial para que la reactivación económica sea liderada por el sector minero. Están pidiendo activar de nuevo proyectos controvertidos como Tía María o Conga en Cajamarca, con el discurso de aprovechar el nuevo ciclo minero del que se habla a nivel mundial”, advierte.
A su turno, Paul Maquet, especialista de CooperAcción, remarcó que la alta cotización de los metales como el cobre y la plata mantendría un nivel importante durante el presente año. Ello, además, generaría una mayor recaudación tributaria. “Es por eso que consideramos que nada justifica actualmente mantener Protocolos flexibles o medidas ambientales de emergencia que ponen en riesgo la vida y salud de los trabajadores, del ambiente y de las comunidades”.
“La minería ya está en proceso de recuperación. Por el contrario, lo que se requiere es fortalecer la autoridad ambiental”, agregó Maquet, resaltando también la necesidad de que, en el marco de la pandemia, se retome la discusión sobre el aporte tributario de la minería.
Considerando el actual contexto electoral, Lizardo Cauper, presidente de la organización indígena AIDESEP, invocó al futuro Gobierno a ver el proceso de recuperación desde una óptica más participativa. “No solamente como una imposición de desarrollo, sino una participación colectiva donde sociedad civil, los pueblos indígenas y el Estado tienen que construir un verdadero desarrollo”.
“También somos ciudadanos y es por ello que invocamos al próximo Congreso a ratificar el Acuerdo de Escazú porque va a permitir una información transparente y completa, una justicia ambiental y que los que vulneran estos derechos sean sancionados”, agregó, resaltando el actual estado de amenaza para los pueblos indígenas frente a las economías ilegales.
