Sociedad

Poder Judicial ordena respetar decisión de Ana Estrada a una muerte digna

La Corte Superior de Justicia pidió al Ministerio de Salud y EsSalud respetar la decisión de poner fin a su vida mediante la eutanasia.

Foto: Antonio Melgarejo / La República
Foto: Antonio Melgarejo / La República

El Décimo Primer Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó al Ministerio de Salud (Minsa) y a EsSalud respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida a través del procedimiento técnico de la eutanasia.

Esta decisión se toma casi dos meses después de que se realizara una audiencia, donde la Defensoría del Pueblo (DP) defendió su posición a favor de que el Estado reconozca por primera vez el derecho a una muerte digna. En dicho auditorio también presentaron alegatos especialistas del Minsa y del Ministerio de Justicia.

Ana Estrada fue diagnosticada con polimiositis a los 12 años, enfermedad degenerativa que ha paralizado casi todos sus músculos. Actualmente permanece 20 horas al día postrada en una cama producto de esta condición.

Desde su blog titulado Ana busca la muerte digna, la también psicóloga de profesión se ha convertido en activista de su propia causa.

Caso Ana Estrada: CJS respondió acción de amparo. Foto: Twitter

Caso Ana Estrada: CJS respondió acción de amparo. Foto: Twitter

Ana Estrada: acción de amparo

En febrero de 2020, Ana Estrada Ugarte, con apoyo de la Defensoría del Pueblo, presentó una demanda de amparo contra el Estado a fin de que se reconozca su derecho a una muerte en condiciones dignas.

La acción se dirigía contra el Ministerio de Salud, EsSalud y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. De esta manera, se solicitaba la inaplicación del artículo 112 del Código Penal, que sanciona con una pena privativa de libertad no mayor de 3 años el delito de homicidio piadoso.

“Los efectos desplegados por dicha norma lesionan su derecho fundamental a la muerte en condiciones dignas, a la dignidad, a la vida digna, al libre desarrollo de la personalidad y constituye, además, una amenaza cierta e inminente a no sufrir tratos crueles e inhumanos”, señalaba el comunicado defensorial.