Investigadores de San Marcos rechazan intentos legales contra Ley Universitaria
Los investigadores adscritos al RENACYT indicaron que existen intereses empresariales de congresistas que pretenden ir contra los avances de la actual Ley Universitaria 30220.
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En un reciente comunicado, los investigadores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pertenecientes al RENACYT manifestaron su rechazo ante la vacancia presidencial efectuada por el Congreso de la República y un posible atentado contra la Ley Universitaria actual por parte del Parlamento.
“Condenamos la vacancia del Presidente de la República que realizó el Congreso con un dudoso y desproporcionado uso de la legalidad constitucional. Este acontecimiento político carece de legitimidad social y solamente suma más incertidumbre al futuro inmediato del Perú, ya amenazado por una grave crisis sanitaria y prácticas de corrupción existentes en los poderes del Estado”, señala la primera parte del pronunciamiento.
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Además, aludieron a las posibles acciones para desestimar el proceso de la Sunedu con la actual Ley Universitaria. “Debido a los intereses empresariales de varios congresistas que hoy ocupan posiciones de poder, tenemos un fundado temor de que los avances contenidos en la ley universitaria 30220 sean revertidos”, señaló.
Este comunicado especifica justamente en los puntos de regulación de casas de estudio, autorización de funcionamiento (licenciamiento) y el establecimiento de las condiciones básicas de calidad de cada una. Por otro lado, “rechazan una posible modificación o eliminación de normas que permitieron la creación de un sistema nacional de investigadores y la promoción de la investigación científica en el Perú”.
Comunicado.
“Estamos preocupados por la continuación y ampliación del financiamiento estatal a la universidad privada, el cual ha crecido escandalosamente en estos años. Los procesos de privatización de la educación universitaria en el país impiden el fortalecimiento y la expansión de la educación pública superior”, se lee.
Por último, ratificaron su defensa de la autonomía universitaria frente a cualquier agresión externa, abierta o encubierta, contra la universidad pública
