Defensoría pide rigurosidad en casos donde docentes son acusados de violencia sexual en Cusco
Oficina defensorial intervino en un caso de violencia sexual suscitado en un colegio de la provincia cusqueña de Urubamba, que terminó con la destitución del profesor acusado.
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La oficina de la Defensoría del Pueblo exhortó a las autoridades educativas de la región del Cusco a actuar de manera oportuna y rigurosa en los casos de docentes acusados de violencia sexual contra estudiantes.
La entidad advirtió, en un comunicado oficial, que si los profesores implicados son únicamente separados del plantel mediante la terminación de sus contratos, podrían iniciar sus labores en otras instituciones educativas al no existir ningún procedimiento administrativo contra ellos.
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El pedido fue formulado ante el reciente caso de una adolescente que presuntamente fue víctima de violencia sexual por parte de un profesor contratado en un colegio de la provincia de Urubamba.
Al tomar conocimiento del caso, el pasado 9 de julio la Oficina Defensorial exigió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) local no solo separar de manera preventiva al maestro, sino también disponer el inicio de procedimiento administrativo disciplinario.
Como resultado de esta intervención, el 14 de julio la UGEL Urubamba comunicó a la entidad la aplicación de la separación preventiva y el inicio del referido procedimiento disciplinario contra el docente en el cargo. Este último 1 de septiembre se informó la destitución del acusado, lo que impedirá que pueda reinsertarse en la carrera pública magisterial.
Paralelamente a estas acciones, la Defensoría del Pueblo solicitó información al Ministerio Público sobre el estado de la investigación a nivel penal contra el profesor, que se encuentra a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Urubamba. Este despacho fiscal informó que el caso está en etapa de investigación preparatoria y que se ha dispuesto que la adolescente sea atendida por la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos.
En ese contexto, la entidad considera que ante un hecho de violencia sexual que involucre a niñas, niños o adolescentes, las autoridades educativas y del sistema de justicia deben actuar con la debida diligencia.
