Urge promover estándares de protección para las mujeres indígenas

Las mujeres indígenas desde siempre han asumido un rol fundamental como cuidadoras de los recursos naturales, defensoras del territorio y lideresas de la soberanía alimentaria en sus comunidades. Son ellas quienes custodian la biodiversidad de nuestros ecosistemas y quienes transmiten, a través de la producción de alimentos e iniciativas económicas, los conocimientos ancestrales y la cosmovisión indígena de generación en generación.

Ello es debido a la intersección de múltiples factores de discriminación basados, entre otros, en su identidad cultural, su género, y su condición socioeconómica. Por ello las mujeres indígenas se han encontrado, históricamente, en una situación de particular vulnerabilidad y desventaja frente a otros grupos. Un informe de Defensoría del Pueblo (2019) resalta que las brechas de desigualdad relativas a la mujer indígena son extremadamente altas en Perú.

Esta situación de discriminación y vulnerabilidad, definitivamente, se ha visto exacerbada en la actual emergencia sanitaria por la Covid-19. A los graves problemas ya reiterados por medios y organizaciones tales como la falta de centros de salud, medicamentos, oxígeno y una atención culturalmente pertinente en los Andes y Amazonía, se suma un problema crucial: el impacto en las economías locales y, particularmente, en la indígena.

Las mujeres indígenas organizadas han señalado que las medidas de cuarentena adoptadas por el Gobierno vienen afectando sus economías tradicionales y sus emprendimientos económicos, vinculados a actividades productivas, artesanía y turismo. La incapacidad de trabajar sus tierras y comercializar sus productos por la Covid-19; así como la falta de acceso a agua limpia y recursos alimenticios por escenarios de contaminación ambiental, está impactando seriamente en su autonomía económica y la seguridad alimentaria de sus familias.

En el marco del Día de la Mujer Indígena y en medio de la emergencia sanitaria, hacemos un llamado al el Gobierno para que promueva estándares de protección para ellas, que son las defensoras y las gestoras de sus territorios. Asimismo, que implemente con celeridad y en coordinación con ellas, medidas que fortalezcan sus economías desde las perspectivas de género e interculturalidad.

El Estado no debe olvidar que en plena pandemia, urge un trabajo articulado con ellas porque puede ser un eslabón clave para la preservación de la vida, la salud y el bienestar de la población y de las futuras generaciones.