Fiscalía pide 12 meses de prisión preventiva para policías por presuntas compras sobrevaloradas
Fiscal anticorrupción pidió esta medida para tres efectivos y una proveedora; mientras que para otros dos agentes solicitó detención domiciliaria debido a su estado de salud.
La República en GoogleCoronavirus en Perú. La Fiscalía Anticorrupción pidió 12 meses de prisión preventiva para tres efectivos y una proveedora, implicados en las presuntas compras sobrevaloradas que fueron realizadas por la Policía durante el estado de emergencia por la COVID-19.
El fiscal José Guevara Gilarmas solicitó esta medida para el comandante PNP Marcel Carbajal Tarazona, los suboficiales PNP César Acosta Cajusol y Jean Yampufé Sánchez, así como para la empresaria Giovanna Luna Rojas.
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Asimismo, pidió la detención domiciliaria por el mismo plazo para los suboficiales PNP Reinulfo Hoyos Gil y Eduardo Nicanor Fuentes, debido a su estado de salud. Para el resto de implicados —la mayoría proveedores— que no fueron incluidos en este requerimiento se pediría comparecencia con restricciones.
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Según la tesis fiscal, los policías habrían direccionado la adquisición de más de 300.000 productos de bioseguridad (mascarillas, guantes, alcohol en gel, jabón líquido, lejía, etcétera) a un precio sobrevalorado, lo que habría generado un perjuicio económico de S/ 756.791.
En total, se emitieron 19 órdenes de compra a favor de proveedores que anteriormente habían contratado con la Policía, pero en rubros distintos y no vinculados al sector Salud.
La Fiscalía determinó una prognosis de pena de entre 8 y 9 años para los imputados. Asimismo, el fiscal a cargo del caso consideró que en todos los investigados existe peligro procesal, debido a la gravedad de la pena y por la actitud reacia de reconocer los hechos ilícitos. Incluso, a Luna Rojas se le añade el agravante de peligro de obstaculización de la verdad por intentar contactarse con otra detenida.
Según las pericias realizadas por el Ministerio Público, el alcohol en gel, algunas mascarillas y el gel antibacterial adquirido en estos procesos de compra no son aptos para el uso humano. Los productos destinados a proteger a los agentes policiales fueron repartidos en Lambayeque, Amazonas y Cajamarca.
