Sindicatos afirman que Gobierno Regional de Arequipa no cumple con protocolos sanitarios en su sede

Más de 30 trabajadores del Gobierno Regional de Arequipa dieron positivo a pruebas de descarte del coronavirus y al menos 5 fallecieron debido a este mal. Ante este panorama, diferentes sindicatos de la región instaron a las autoridades regresar a una cuarentena total, con el fin de preservar la vida.

El trasfondo de este pedido es la ausencia de protocolos sanitarios, pese a que las actividades se han reanudado para reactivar la economía en Arequipa.

En diálogo con Correo, el secretario del Sindicato de Trabajadores Estables del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Wilber Suri, expresó su indignación luego de conocer que los empleados corren el riesgo de enfermarse.

“Por reactivar la economía, están exponiendo al personal sin dotarles de equipos de protección personal (EPP). Todas las áreas tienen infectados, no hay un área limpia”, manifestó de forma enérgica.

El Sindicato Único de Trabajadores del GRA también se sumó al pedido Wilber. A través de un abogado, esta organización solicitó la declaratoria de emergencia en Arequipa.

Según el abogado Luciano Prieto, a más tardar el martes solicitará la declaratoria de emergencia en un plazo de 48 horas. De no aprobarse esta petición legal, presentará una acción de amparo por violar el derecho a la salud.

“El GRA es un foco infeccioso y se muestra renuente a proteger al personal por la reactivación económica, porque no tienen protocolos y los EPP se entregan periódicamente”, sostuvo Prieto.

Los trabajadores que están en la modalidad de locación de servicios por Recibo por Honorario o el personal CAS están más expuestos a la enfermedad. Así lo dieron a conocer Wilber y Prieto, quienes revelaron que los nombrados se niegan a laborar.

El dirigente Wilber enfatizó que sus compañeros quieren volver a su centro de labores, pero con protocolos sanitarios establecidos. “De nuestro sindicato nadie trabaja de forma presencial. Hasta la semana pasada trabajábamos de forma remota, pero íbamos a dejar nuestros informes. No nos negamos a trabajar, solo queremos que cumplan con los protocolos y nos den los implementos”, expresó.

Por su parte, el abogado dijo que en la mayoría de las instituciones públicas se expone más al personal CAS. Su argumento es que estos colaboradores aceptan laborar de forma presencial porque temen ser despedidos.

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