Falta presupuesto para fiscalizar entierros de cadáveres COVID-19 en Lambayeque
DESA admitió falta de personal y recursos para verificar procesos de inhumación. Defensoría pidió al gobernador regional evaluar la gestión de dicha entidad, pues no hay resultados que contribuyan a la salud pública.
Coronavirus en Perú. A inicios de junio, La República informó acerca de la habilitación de cementerios temporales donde se recibían a fallecidos por COVID-19 sin una regulación sanitaria y legal de parte de la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental (DESA), lo que vulnera la Directiva Sanitaria del Ministerio de Salud (Minsa).
El problema se desató luego que en el distrito de Pátapo una víctima del nuevo coronavirus fuera enterrada dentro de una fosa con agua contaminada, pese al reclamo de sus familiares. Días después, la Defensoría del Pueblo dio un ultimátum a DESA, la entidad a cargo de fiscalizar la inhumación de estos cadáveres.
A mediados de mayo, a través del oficio n.° 000116-2020, la entidad informó al Órgano de Control Institucional (OCI) acerca de la ausencia de personal idóneo para realizar la fiscalización, así como la falta de presupuesto para tomar acciones en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.
Sin embargo, no informaron de forma documentada que hayan solicitado presupuesto a la Gerencia Regional de Salud (Geresa) o al Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) para atender esta problemática, ni tampoco detallaron en qué se utilizaron los recursos financieros asignados para este año.
Frente a esta situación, la Oficina Defensorial de Lambayeque pidió al gobernador regional, Anselmo Lozano, disponga con urgencia la asignación de presupuesto para que la DESA pueda supervisar el proceso de inhumación de los fallecidos por coronavirus.
Asimismo, a través del oficio n.° 239-2020, pidió que se realice una evaluación al desempeño de los funcionarios de dicha entidad de salud pues “el funcionamiento adecuado de los cementerios de la región Lambayeque no es efectiva y eficaz” debido a que “hasta el día de hoy no tienen resultados que contribuyan a la protección de la salud pública”.
“En parte de estos casos, los cadáveres han sido inhumados, de forma ilegal, en fosas comunes, que además de no cumplir con las condiciones sanitarias vulneraron la dignidad de los familiares cuyos seres queridos fueron enterrados en condiciones inadecuadas sin que la DESA cumplan con su deber de fiscalizar y clausurar, de ser el caso, dichos cementerios informales”, se lee en el documento suscrito por el representante de la Defensoría, Julio Hidalgo.
Es necesario precisar que la Defensoría del Pueblo, en reiteradas oportunidades, cursó oficios al GRL para exigir la fiscalización tanto de entierros como de los cementerios donde se colocan los cuerpos.
Tras dichas comunicaciones, según el informe técnico n.° 000019-2020, DESA realizó verificaciones en cuatro cementerios temporales donde detectó la falta de autorizaciones administrativas, pero no profundizó sobre las condiciones sanitarias de dichos camposantos.
