Expertos critican medida del Minsa que permite a empresas comprar pruebas de COVID-19

Esta semana, el Ministerio de Salud dispuso una resolución que permite a cualquier empresa, ya sea pública o privada, la posibilidad de adquirir directamente las pruebas para confirmar o descartar el coronavirus en sus trabajadores. El control de estas operaciones será llevado a cabo por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid).

Sin embargo, la medida ha desatado críticas debido a que, según explican expertos, esto podría ocasionar una situación contraproducente para la lucha contra la pandemia en el país. Así lo ha puesto de manifiesto un reportaje de Cuarto Poder.

En declaraciones para dicho informativo, el doctor Elmer Huerta, reconocido por sus intervenciones públicas durante la crisis sanitaria, advirtió que el Minsa podría estar aperturando un desorden de posibilidades que, tarde o temprano, rebasaría los límites de la ley.

“Esto abre un abanico de informalidad. Cualquier laboratorio pequeño, grande, cualquier empresa, una empresa que tenga veinte, cuarenta, cincuenta empleados... Yo creo que estamos asistiendo, con este decreto, a lo que se llamaría la ‘balcanización’, la atomización del sistema de toma de muestras en el Perú, donde somos tan informales”, señaló el especialista.

Así, la compra de las pruebas por parte de empresas terminaría siendo ineficiente. “Desde el punto de vista de salud y del control y de la aplicación de estas pruebas, me parece que el abanico de este decreto es muy amplio, y abre muchísimo para que empresas que no estén bien reguladas puedan hacer pruebas que no están bien”, agregó el doctor Huerta.

Pese a ello, voceros de la Digesa afirman estar en condiciones de fiscalizar lo que hagan las empresas a raíz de la disposición del Minsa, un trabajo que, aseguran, llevarán a cabo junto con gobiernos regionales y locales, la Fiscalía e Indecopi. Defienden, además, la conveniencia de la medida.

“Lo que se permite a las empresas es en el marco de la reincorporación al ámbito laboral de los trabajadores. Se ven mecanismos que faciliten a éstas contar también con los insumos necesarios. No se trata de liberar a cualquier empresa, a cualquier asociación, a cualquier ONG. Se trata de incentivar la compra [de pruebas]. Puede comprar afuera, pero tiene que cumplir con ciertas pautas", explicó Carmen Ponce, de la Dirección General de la Digesa.