COVID-19: muerte, contagios y abandono en la comunidad shipibo-konibo de Cantagallo
Reportan el fallecimiento de tres miembros de la primera comunidad nativa urbana del Perú. Otros tienen síntomas. Más de 500 familias viven hacinadas, sin servicio permanente de agua y desagüe. Demandan intervención de los ministerios de Salud, Cultura y Ambiente.
En medio del abandono de muchas autoridades, el COVID-19 ya llegó a la primera comunidad nativa urbana del Perú. Se trata de los shipibos-konibos de Cantagallo, en el Rímac, que ya reportan el fallecimiento de, al menos, tres de sus integrantes producto de esta enfermedad y varios infectados, según denuncia la Defensoría del Pueblo. Ante ello, demanda la urgente intervención de los ministerios de Cultura, Salud, Vivienda y Ambiente, así como de la municipalidad distrital para frenar el avance de este virus.
Desde fines de marzo se informaba que más de 500 familias que habitan esta zona, a donde retornó la mayoría para exigir que el Gobierno cumpla con sus compromisos, luchaban contra el nuevo coronavirus hacinadas en casas prefabricadas, sin servicio permanente de agua y desagüe, y escasos recursos para solventar su alimentación.
Ahora, un mes después, sus dirigentes y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) denuncian la muerte de, al menos, tres miembros de la comunidad. Según se informó, los dos últimos decesos se reportaron durante la madrugada de hoy y el domingo pasado. Se trata de un hombre de 40 años dedicado al arte y otro de 38 años que laboraba en el mantenimiento de áreas verdes. Ninguno había recibido atención médica oportuna.
A la fecha, la zona de Cantagallo, ubicada a pocas cuadras de Palacio de Gobierno, no solo la ocupan las 238 familias afectadas por un incendio en noviembre del 2016, las cuales además debían ser beneficiadas con la construcción de un complejo habitacional, que hasta la fecha no se concreta. A ellos se han sumado entre 300 y 400 ciudadanos shipibos provenientes de Ica, Mala y Lima que, luego de quedarse sin trabajo durante la pandemia, buscan retornar a la región de Ucayali.
A inicios de mayo, según la CNDDHH, la Dirección de Redes Integradas de Salud (Diresa) Lima Norte aplicó pruebas de descarte de COVID-19 a 120 habitantes, de los cuales el 40% dio positivo. Ahora, hay otros ciudadanos que también presentan síntomas del nuevo coronavirus, pero no cuentan con un diagnóstico, ni acceso a medicación dados sus escasos ingresos económicos. El contagio en Cantagallo es muy alto.
El dirigente Wilson Valle, de la Asociación Comunidad Urbana Shipibo-Konibo de Lima Metropolitana (Achushikolm), detalló que una de las víctimas mortales trabajaba en el mantenimiento de áreas verdes de un municipio local; sin embargo, y a pesar de que presentaba síntomas hace más de una semana, sus jefes le obligaron a continuar con sus labores. Según refiere, él falleció en la madrugada de hoy en su vivienda luego de que no se atendiera sus prácticas culturales, ni haya sido traslado a algún establecimiento de salud. “Muchos tienen miedo de ir al hospital y recibir oxígeno. Nosotros nos cuidamos con nuestras plantas medicinales”, indica a La República.
La comunidad shipibo-konibo sobrevive en medio de precarias condiciones sanitarias, sin acceso permanente al agua, desagüe y servicios higiénicos. Según indican, los municipios de Lima y Rímac aún envían cisternas para la entrega de agua; sin embargo, su recojo obliga la aglomeración de las familias. Asimismo, luego de que se denunciara que solo contaban con un baño público, se instalaron 10 cabinas portátiles que hoy comparten todos sus habitantes.
“Es un escenario de riesgo. Sería sencillo instalar una conexión independiente para que no tengan que aglomerarse por el camión cisterna. También se ha cavado una zanja para que ya puedan contar con un desagüe, pero necesitan materiales como tuberías. Ellos han juntado dinero, pero no les alcanza. Con la donación de materiales, que podría hacerlo el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, que no ha cumplido su compromiso, esto se podría solucionar”, refiere Mar Pérez, de la CNDDHH.
Ante el alto riesgo de contagio, esta institución, así como la Defensoría del Pueblo y los mismos dirigentes demandan que el Minsa aplique pruebas de descarte para toda la comunidad a fin de poder hacer el seguimiento a esta población vulnerable. También que le otorguen medicina e información adecuada; así como implementos de bioseguridad para los líderes y promotores encargados de la distribución de fármacos y alimentos. Asimismo piden que se habilite un espacio que permita el aislamiento de personas infectadas. “La posta médica de Piedra Liza no les apoya y la Diresa Lima Norte que se había comprometido a llevar medicina desde la semana pasada hasta ahora no hace nada”, refiere Mar Pérez.
Este diario se comunicó con la Diresa Lima Norte para que informe cómo lleva este caso, pero no brindó alcances sobre el tema. Sin embargo, al cierre de esta nota, los dirigentes señalaron que por la tarde, esta institución se comprometió a aplicar las pruebas mañana martes.
A los pedidos también se suma la necesidad de garantizar la entrega de víveres y todas las medidas sanitarias considerando el padrón real de personas que viven en la comunidad, ya que lo que lo que ahora reciben solo llega a la mitad de los habitantes. Otra demanda urgente es la habilitación del servicio permanente de agua potable y desagüe.
La Defensoría del Pueblo, además, exige que las municipalidades de Lima y Rímac continúen con el apoyo humanitario y que realicen labores de limpieza y desinfección. Además solicita que el Ministerio del Ambiente acondicione de manera urgente un albergue de cuarentena a los ciudadanos de Ucayali varados en Lima, que se encuentran alojados en Cantagallo.
“Requerimos al Ministerio de Cultura que lidere y coordine con el Ministerio de Salud la intervención multisectorial con enfoque intercultural para el diagnóstico, vigilancia epidemiológica y acciones de prevención, tratamiento, manejo de casos positivos y el manejo sanitario de defunciones”, se pronunció a través de Twitter.
Por su parte, los dirigentes exhortan al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) a que la comunidad sea incluida en los bonos otorgados por el Estado, para lo cual han enviado una lista de 500 personas en situación vulnerable que requieren apoyo económico.
Hay que recordar que hace tres años, la comunidad shipibo-konibo se quedó sin hogar luego de un incendio y ahora se ha convertido en una de las poblaciones más vulnerables ante esta pandemia. La mayoría de sus ingresos proviene de la artesanía y del comercio ambulatorio, lo cual se ha visto paralizado por la declaratoria de emergencia. Necesitan urgente atención.
