Política

Pedro Castillo: Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva por organización criminal

El fiscal supremo Uriel Teran presentó el requerimiento contra Pedro Castillo ante el juez supremo Juan Carlos Checley Soria. La medida también recae en los exministros Juan Silva y Geiner Alvarado.

Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por el intento de golpe de Estado. Foto: presidencia
Pedro Castillo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo por el intento de golpe de Estado. Foto: presidencia

La Fiscalía de la Nación solicitó 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Castillo por presuntamente liderar una organización criminal en la modalidad de colusión agravada y tráfico de influencias. La iniciativa también recae en los exministros Juan Silva (Transporte y Comunicaciones) y Geiner Alvarado (Vivienda).

El fiscal supremo Uriel Teran presentó el requerimiento ante la Corte Suprema de Justicia, luego de que la Fiscalía formalizara la investigación contra el expresidente el último martes 21 de febrero.

Una vez presentado el requerimiento, el juez Juan Carlos Checkley Soria, titular del juzgado de investigación preparatoria de la Corte Suprema anunciará el inicio de la audiencia.

Pedro Castillo: hipótesis de la Fiscalía

La Fiscalía atribuye al expresidente Pedro Castillo ser cabecilla de una organización criminal destinada a cometer diversos actos de corrupción.

De acuerdo a la hipótesis de la Fiscalía, el expresidente copó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) para direccionar obras como la licitación del puente Tarata II a favor del consorcio conformado por las empresas Tapusa, Termirex SAC y HB Estructuras Metálicas. Esto sucedió cuando Juan Silva se desempeñaba como ministro.

Asimimo, se le atribuye haber designado a Hugo Chávez Arévalo en el cargo de gerente general de Petroperú a cambio de 30.000 soles por parte de Fermín Silva.

En el Ministerio de Vivienda, el trabajo de Geiner Alvarado fue clave para Pedro Castillo, debido a que con un decreto de urgencia habría beneficiado a alcaldes y congresistas para direccionar obras del Estado.