El Gobierno busca a la OEA para defenderse y pide activar la Carta Democrática

El Gobierno de Pedro Castillo ha empezado a desarrollar una estrategia defensiva que, esta vez, pretende incluir a la comunidad internacional.

El 12 de este mes, el presidente y el canciller, César Landa, enviaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una solicitud de activación de la Carta Democrática Interamericana, concretamente en lo que respecta a sus artículos 17 y 18.

El 17 establece que, cuando un Estado miembro considere que se encuentra en riesgo “su proceso político institucional democrático” o “su legítimo ejercicio del poder”, entonces tendrá la opción de acudir al secretario general o al Consejo Permanente de la OEA a fin de solicitar asistencia. Y el 18 indica que se podrá gestionar visitas al país afectado para analizar la situación.

La carta del Ejecutivo —de 11 páginas— relata una serie de hechos que, desde la óptica del Gobierno, demostrarían la intención del Congreso y del Ministerio Público de “alterar” el orden democrático peruano.

Estos son: el discurso del ‘fraude electoral’ que, es verdad, fue montado sin pruebas desde un sector político radicalizado para desconocer resultados refrendados por observadores internacionales. También, declaraciones de funcionarios fuera de sus competencias (se menciona, por ejemplo, las ofrecidas por el ex defensor del Pueblo Walter Gutiérrez, que pidió la renuncia de Castillo). Además, el hecho de que el Congreso se opusiera a regular las figuras de la vacancia presidencial y de la cuestión de confianza. Asimismo, se hace saber que el Pleno del Legislativo le negó al jefe de Estado autorización para viajar fuera del país. La última vez, como se sabe, fue para impedir una visita al Vaticano. De acuerdo con la petición, esto último configura “dificultades en el ejercicio profesional para dirigir la política externa”.

El Ejecutivo añade en su lista de acciones que evidenciarían el peligro de interrupción democrática en el Perú las solicitudes de vacancias presidenciales (en la actualidad, se vienen juntando las firmas para interponer una tercera, auspiciada por Edward Málaga).

Lo que se sabe, de manera oficial, es que Almagro ya acusó recibo y por eso, el martes 18, le envió al presidente del Consejo Permanente de la OEA, Jan Marten Willem Schalkwijk, otra carta en la que le solicita la convocatoria a una sesión extraordinaria de dicho órgano.

Para el docente de la PUCP e internacionalista Óscar Vidarte, si bien en la carta del Gobierno “solamente se lee una parte de la historia”, no deja de ser cierto que esa cara de la moneda “tiene solidez”.

“Al margen de los actores, en el Perú se produce una afectación a la democracia, desde todos lados. Y específicamente, en este último año, desde el lado de la oposición peruana ha habido un comportamiento poco democrático. Desde el primer día se quería sacar a un presidente democráticamente electo”, recordó. En ese sentido, Vidarte estimó que el pedido del Gobierno “es completamente válido”.

Sin embargo, advirtió que para que una eventual misión de la OEA en el Perú, que busque una salida política, tenga legitimidad, debería contar con el respaldo de países importantes, como Estados Unidos. Por cierto, la figura de Almagro no es bien percibida por la oposición ni se le considera un actor imparcial.

Hay un elemento interesante en la solicitud del Ejecutivo que tiene que ver con al recuerdo de lo ocurrido en Bolivia, en el 2008. Al respecto, Vidarte explicó que en ese país hubo un acuerdo político entre el oficialismo —con Evo Morales a la cabeza— y la oposición, auspiciado precisamente por la OEA.

No obstante, la diferencia con lo que se ve hoy en el Perú, añadió el especialista, es que el Gobierno de Castillo también aparece —como la oposición— interesado en “pisotear a la democracia”. “Hay suficientes indicios y pruebas de comportamientos oscuros del presidente y su entorno, que tampoco están de acuerdo en respetar leyes y normas. En Bolivia no había esos cuestionamientos”, refirió.

En todo caso, como precisó Vidarte, en un contexto en el que ninguna de las partes parece capaz de arribar a acuerdos y, menos, a respetar a la democracia, la opción de una salida política con el aval de un actor internacional puede ser una opción interesante. “Porque es evidente que por la vía jurídica esto va a terminar mal. Hay amparos, demandas. La democracia va a terminar mal. Es evidente que se necesita un acuerdo político”, agregó Vidarte.