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Política

Dejan en libertad al principal operador de la red Orellana: el martillero Carlos Vargas Machuca Arrese

Se amparó en Ley aprobada por el Congreso en noviembre de 2023. El abogado Carlos Vargas Machuca salió en libertad al cumplir dos años y siete meses de cárcel. Los jueces cambiaron su pena de prisión efectiva por jornadas de prestación de servicios.

Red. Rodolfo Orellana lideró una organización criminal para defraudar al Estado y particulares. Foto: difusión
Red. Rodolfo Orellana lideró una organización criminal para defraudar al Estado y particulares. Foto: difusión

El abogado y martillero Carlos Vargas Machuca Arrese, considerado el principal operador de la red Orellana para lograr el registro fraudulento de 19 predios apropiados ilícitamente, recuperó su libertad sin cumplir la totalidad de su pena. El fiscal Elvis Suárez Ferrer apeló la decisión judicial y cuestiona que los jueces no hayan tenido en cuenta que fue condenado por el delito de asociación ilícita, como integrante de organización criminal, al momento de modificar su condena de prisión efectiva en pena suspendida de 14 jornadas de prestación de servicios.

Vargas Machuca se encontraba en prisión desde el 14 de octubre de 2021, luego de que la Primera Sala Penal confirmara una condena en su contra de cuatro años de prisión efectiva por el delito de asociación ilícita, que debía cumplir hasta el 25 de agosto de 2025. El Cuarto Juzgado Penal Unipersonal lo encontró culpable de integrar la red Orellana y de ser el contacto entre la organización criminal y los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (SUNARP), para registrar bienes de procedencia ilícita, como lícitos.

Desde la prisión, cuando recién había cumplido dos años y siete meses de su pena, pidió acogerse al Decreto Legislativo N.º 1300, modificado por el artículo 3, literal a), del Decreto Legislativo N.º 1585 del 22 de noviembre de 2023, que permite la excarcelación de internos que han sido condenados con pena privativa de libertad no mayor de cinco años.

Asociación ilícita u organización criminal

La defensa de Vargas Machuca argumentó que tiene tres bienes embargados: un departamento, un sótano y un vehículo, que garantizan el pago de la reparación civil solidaria de 300 mil soles. Además, su representado no ha sido condenado por organización criminal, sino por asociación ilícita.

La fiscalía se opuso a ese pedido señalando que la sentencia describe que los hechos atribuidos a Vargas Machuca ocurrieron entre el 2011 al 2015, como parte de las actividad ilícitas de una organización criminal dedicada a apropiarse fraudulentamente de bienes del Estado o de particulares, con problemas judiciales o mediante el engaño y/o contratos de compra-venta simulados.

En otros casos se constituyeron empresas, a través de las cuales se ponían a remate los inmuebles, en subastas realizadas por Vargas Machuca. Una vez transferidos los inmuebles a testaferros de la organización eran inscriptos en Registros Públicos como transferencias lícitas sin observación alguna. La resolución que otorga libertad al martillero de la red Orellana no toma en cuenta, dice la fiscalía, los antecedentes del hecho delictivo y el daño que se generó a la sociedad.

La red Orellana

Ludith Orellana, coordinaba directamente con Carlos Vargas Machuca

Ludith Orellana, coordinaba directamente con Carlos Vargas Machuca

El Ministerio Público advierte que en otros casos, como el seguido al condenado Percy Rojas Rojas, los mismos jueces que dieron libertad a Vargas Machuca, rechazaron la conversión de la pena de prisión efectiva, al considerar que el delito de asociación ilícita estaba excluido de la normativa legal vigente para estos casos.

"Vargas Machuca Arrese fue sentenciado por integrar una de las organizaciones criminales más grandes del país (Red Orellana) y manejó ilegalmente 19 direccionamientos de títulos de propiedad de inmuebles y, entonces, no esta acusado de cometer un delito simple, sino de haber cometido delito dentro de una organización criminal, subrayó que de acuerdo a ley no es procedente la libertad que concedió el Poder Judicial al imputado", explicó el fiscal Elvis Suárez Ferrer, al sustentar la apelación en primer instancia.

En segunda instancia, los argumentos de la fiscalía fueron expuestos por la fiscal adjunta superior Patricia Pérez, la cual espera que la Sala Superior Penal Nacional revoque o anule la (libertad) conversión de la pena y reformándola dicte prisión efectiva de pena privativa de libertad por el que fue sentenciado a cuatro años que vencerá el 25 de agosto de 2025.