Corte IDH condena al Perú por contaminación en la Comunidad de La Oroya

Fallo histórico. La Corte IDH condenó al Estado Peruano por violación a los derechos humanos por el caso La Oroya. De acuerdo a la sentencia que accedió este medio, el Perú es responsable a la violación de los derechos al medio ambiente sano, la salud, la integridad personal, la vida y la protección a la niñez.

La jueza Nancy Hernández también declaró la responsabilidad internacional del Perú de vulnerar el derecho al acceso a la información y la participación política de los 80 ciudadanos denunciantes en este caso.

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La sentencia indica que el Perú deberá pagar una reparación por daños materiales e inmateriales a los afectados y elaborará un plan para la reubicación de los ciudadanos de La Oroya que así lo deseen.

Otro punto del fallo dispone que el Perú deberá diseñar un sistema de información con los datos sobre la calidad del aire y el agua en las zonas con mayor actividad minero-metalúrgica.

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El Estado Peruano tiene un año de plazo para entregar un informe al Tribunal de la Corte IDH donde explicará las medidas que se adoptaron para cumplir con la sentencia.

Caso La Oroya: ¿Por qué se denuncia al Estado Peruano?

Este caso señala al Estado Peruano como responsable por perjuicios causados a un grupo de 80 ciudadanos de La Oroya a causa de la contaminación generada por un complejo minero en la ciudad. La denuncia indica que la falta de fiscalización y supervisión del Gobierno permitió que la actividad minera genere altos niveles de contaminación que impactaron gravemente en la salud de los ciudadanos.

Todo inicia en 1922, cuando la empresa norteamericana Cerro de Pasco Cooper Corporation comenzó a operar el Complejo Metalúrgico La Oroya, que procesaba minerales altamente contaminantes, como plomo arsénico y dióxido de azufre. Desde 1997, el complejo pasa a manos de Doe Run Perú y estuvo activo hasta el 2009.

Es así que por varias décadas los ciudadanos de La Oroya estuvieron expuestos a la contaminación del aire y el agua producto de las emisiones tóxicas del complejo.

Pese a que los efectos negativos a la salud por la exposición a metales pesados no son inmediatamente perceptibles, pueden llegar a ser irreversibles. Es más, un habitante de La Oroya está más propenso a desarrollar cáncer y la mayoría de personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Entre otros daños están el estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos.

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Caso La Oroya: ¿Cuándo inicia la lucha de los ciudadanos?

En el 2022, un grupo de ciudadanos de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y el resto de vecinos. En el 2006, el Tribunal Constitucional ordenó medidas de protección, pero el Estado nunca implemento el fallo y el TC no impuso acciones para que se cumpla.

Ante la indiferencia de las entidades nacionales, diversas organizaciones pro derechos humanos llevaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el 2006 se presentó una denuncia contra el Estado Peruano por violación a los derechos de los residentes de La Oroya.

Pese a que la CIDH otorgó medidas de protección para 80 personas, pero las acciones adoptadas por el Estado no resultaron efectivas. Es así que finalmente, el 2022 la CIDH llevó el caso ante la Corte IDH y denunció al Perú por violación de los derechos de los ciudadanos de La Oroya.