Fiscalía: comandante del Ejército no acude a investigación de Dina Boluarte
Además, convocan a la presidenta de la República para una nueva declaración el próximo miércoles 27.
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Tres veces ha sido citado por la Fiscalía el comandante general del Ejército David Guillermo Ojeda Parra para que declare como testigo en la investigación preliminar a la presidenta Dina Boluarte, el premier Alberto Otárola y otros ministros por las muertes en las protestas. Y las tres ocasiones el general ha pedido, a última hora, que se le reprograme la audiencia.
La primera vez fue convocada para el 26 de mayo; la segunda, para el 23 de agosto; y la tercera para el 14 de setiembre, a la que tampoco asistió pese al compromiso público del Ejecutivo, a través del premier Otárola y la propia Boluarte, de contribuir la investigación.
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El abogado de Fedepaz, David Velazco, señala que aunque la Fiscalía no le ha señalado apercibimiento alguno en las tres notificaciones anteriores, se le puede aplicar el artículo 66 del Código Procesal Penal, convocándolo ahora sí bajo apercibimiento y, de no acudir nuevamente, “debe ser llevado por la Policía Nacional”.
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Ojeda Parra asumió la Comandancia General del Ejército el 20 de diciembre del año pasado, por lo que su declaración es importante para conocer lo ocurrido con las muertes de Puno, 18 de las cuales se produjeron el 9 de enero de este año.
Vuelven a citar a Dina
Asimismo, la Fiscalía ha vuelto a citar a la presidenta Dina Boluarte para dar su declaración ampliatoria el 27 de setiembre a las 9 de la mañana, y por la tarde fue convocado el premier Otárola.
También han sido llamados para ampliar su testimonio los exministros del interior César Augusto Cervantes y Víctor Eduardo Herrera para el 21 de este mes. Y para el día siguiente está prevista la declaración del ex primer ministro Pedro Angulo y el actual titular de Defensa, Jorge Luis Chávez. El exministro del Interior Vicente Romero ha sido convocado para el 25 de setiembre.
Todos ellos tienen la calidad de investigados por ser presuntos autores del delito contra la humanidad en la modalidad de genocidio, por las muertes en las protestas contra el Ejecutivo y el Congreso.
