Comandante general de la Marina rechaza casos por supuesta organización criminal

El comandante general de la Marina, almirante AP Alberto Alcalá Luna, cursó dos oficios a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para expresar su extrañeza, molestia y decepción por tres casos de presuntos actos de corrupción que involucran a oficiales en actividad y en retiro de la institución, que ni siquiera han sido citados para rendir sus testimonios a pesar de que los fiscales iniciaron diligencias hace más de tres años.

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Las indagaciones fiscales comenzaron a partir de denuncias formuladas por el capitán de corbeta AP (r) Gregory Paredes Saavedra, luego de que este pidiera su pase al retiro. Recientemente, la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima ratificó una condena de prisión suspendida de tres años contra Paredes por formular acusaciones sin sustento.

Los antecedentes de Gregory Paredes no fueron impedimento para que los fiscales le otorgaran la condición de testigo protegido; por ejemplo, no tomaron en cuenta que este nunca participó en los contratos que denuncia. Paredes atribuye que los acuerdos comerciales entre los Gobiernos de Perú y Países Bajos fueron producto de una supuesta organización criminal. Una imputación sobre la que no ha aportado prueba alguna.

A partir de los dichos de Gregory Paredes, los fiscales especializados en corrupción de funcionarios Walter Espinoza Mavila y Óscar Vite Torre emprendieron acciones contra varios oficiales navales en actividad y en retiro desde 2019, como si fueran parte de organizaciones criminales.

Se trata de dos carpetas fiscales. La primera es la nº 12-2019, que comprende la compra del buque logístico BAP Tacna y tres helicópteros Bell AB-412SP mediante un acuerdo con el Gobierno de Países Bajos, también la construcción del buque oceanográfico BAP Carrasco en los astilleros de Construcciones Navales P. Freire, Vigo, España.

La segunda es la carpeta nº 906015500-2019-137-0, que trata sobre el buque escuela a vela BAP Unión, cuyo diseño fue adquirido a España y construido también en el SIMA.

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Sobre el primer expediente, el almirante Alberto Alcalá informó a la fiscal de la Nación que “se estaría considerando relaciones funciones regulares de integrantes de la Institución Armada que me honro en comandar, como si se tratasen de coordinaciones propias de una organización criminal”.

Y añadió: “Debo expresar a Ud., en nombre de mi institución, nuestra profunda disconformidad por la actitud de la Fiscalía (…), habida cuenta que estaría pretendiendo involucrar a la institución y a los integrantes de la misma, como si la estructura orgánica y relaciones funcionales fueran parte de una organización criminal”.

En un segundo oficio, el comandante general de la Marina expresó su “profunda disconformidad por la actitud de la Fiscalía, (porque) nuevamente se estaría pretendiendo involucrar a la institución y a los integrantes de la misma como si fueran parte de una organización criminal.

Por otro lado, afirma que el fiscal del caso del buque a vela BAP Unión ha “adecuado su investigación a la Ley contra el Crimen Organizado, en una clara intención de prorrogar la misma (…), aludiendo con ello que la institución, el Ministerio de Defensa y los organismos de control que han evaluado el caso, y en particular los oficiales que desempeñaron relaciones funcionales internas, estarían constituyendo una organización criminal”.

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La República preguntó a la Fiscalía de la Nación sobre los oficios del comandante general de la Marina, y recibió como respuesta que las comunicaciones fueron derivadas a los despachos fiscales correspondientes porque su despacho no investiga casos de oficiales en actividad.

En los oficios a la fiscal de la Nación, el almirante Alberto Alcalá identificó al capitán de corbeta AP (r) Gregory Paredes Saavedra y a su abogado, el técnico primero AP (r) Walter Chinchay Carbajal, como las personas que estarían detrás de las imputaciones sin fundamentos.

“(Paredes y Chinchay) estarían de manera articulada, sistemática y permanente, tratando de mellar honras de los oficiales y la imagen de la Marina de Guerra del Perú por motivaciones e intereses personales, pero, además, recibiendo atención en investigaciones sin sustento ni profundidad técnica y legal, en procesos en los que no han tenido participación alguna ni competencias para hacerlo”, señaló el comandante general de la Marina.

Gregory Paredes también denunció al exministro de Defensa Pedro Cateriano y a oficiales de la Marina por supuestamente haber conspirado para favorecer a la empresa que construye el puerto de Chancay. Cuando en la Fiscalía le pidieron las pruebas, manifestó que no las tenía, que solo era un denunciante.

Respecto a la ratificación de la condena por difamación agravada, Gregory Paredes Saavedra dijo a este diario: “Es una sentencia que deviene en nula porque los jueces no han valorado mi condición probada de denunciante y testigo”.

El dato

Transparencia. Los contratos comprendidos en la carpeta fiscal 12-2019 fueron auditados por la Contraloría General de la República. No se reportaron irregularidades.

Lentitud. Más de tres años después de la denuncia de Gregory Paredes, recién se han programado las declaraciones de los oficiales imputados por el caso de la carpeta fiscal 12-2019.