¿Por qué casos la Fiscalía señala que en la Marina de Guerra existe una presunta organización criminal?
El almirante AP Alberto Alcalá Luna, comandante general de la Marina, ha manifestado su rechazo hacia los casos relacionados con presuntas organizaciones criminales y ha enviado dos comunicados a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, expresando su malestar y decepción con respecto a dicho proceso.
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La Fiscalía de la Nación ha considerado una denuncia presentada por el capitán de corbeta AP (r) Gregory Paredes Saavedra en relación a los acuerdos comerciales entre los Gobiernos de Perú y Países Bajos. Esta denuncia ha llevado a la Fiscalía a señalar la presunta existencia de una organización criminal dentro de la Marina de Guerra.
Al respecto, el comandante general de la Marina, almirante AP Alberto Alcalá Luna, cursó dos oficios a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, con el fin de expresarle su extrañeza, molestia y decepción debido a que no han sido citados para rendir su manifestación pese a que el inicio de sus indagaciones se dio hace tres años.
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Por qué casos la Fiscalía investiga a la Marina de Guerra
La denuncia del capitan de corbeta AP (R) Gregory Paredes, quien se encuentra en calidad de testigo protegido, señala que los acuerdos comerciales entre los Gobiernos de Perú y Países Bajos fueron producto de una supuesta organización criminal. Una imputación sobre la que no ha aportado prueba alguna.
Se trata de dos carpetas fiscales. La primera es la n.º 12-2019, que comprende la compra del buque logístico BAP Tacna y tres helicópteros Bell AB-412SP mediante un acuerdo con el Gobierno de Países Bajos, también la construcción del buque oceanográfico BAP Carrasco en los astilleros de Construcciones Navales P. Freire, Vigo, España.
La segunda es la carpeta n.º 906015500-2019-137-0, que trata sobre el buque escuela a vela BAP Unión, cuyo diseño fue adquirido a España y fue construido también en el SIMA.
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A quién de la Marina de Guerra investiga la Fiscalía
Los fiscales especializados en corrupción de funcionarios Walter Espinoza Mavila y Óscar Vite Torre emprendieron acciones contra varios oficiales navales en actividad y en retiro desde 2019, como si fueran parte de organizaciones criminales.
Gregory Paredes también denunció al exministro de Defensa Pedro Cateriano y a oficiales de la Marina por supuestamente haber conspirado para favorecer a la empresa que construye el puerto de Chancay. Cuando en la Fiscalía le pidieron las pruebas, manifestó que no las tenía, que solo era un denunciante.
Las indagaciones fiscales comenzaron a partir de denuncias formuladas por el capitán de corbeta AP (r) Gregory Paredes Saavedra, luego de que este pidiera su pase al retiro. Recientemente, la Octava Sala Penal Liquidadora de la Corte Superior de Lima ratificó una condena de prisión suspendida de tres años contra Paredes por formular acusaciones sin sustento.
¿Qué le dijo el comandante general a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides?
Sobre el primer expediente, el almirante Alberto Alcalá informó a la fiscal de la Nación que “se estaría considerando relaciones funciones regulares de integrantes de la Institución Armada que me honro en comandar, como si se tratasen de coordinaciones propias de una organización criminal”.
Y añadió: “Debo expresar a Ud., en nombre de mi institución, nuestra profunda disconformidad por la actitud de la Fiscalía (…), habida cuenta que estaría pretendiendo involucrar a la institución y a los integrantes de la misma, como si la estructura orgánica y relaciones funcionales fueran parte de una organización criminal”.
En un segundo oficio, el comandante general de la Marina expresó su “profunda disconformidad por la actitud de la Fiscalía, (porque) nuevamente se estaría pretendiendo involucrar a la institución y a los integrantes de la misma como si fueran parte de una organización criminal.
Por otro lado, afirma que el fiscal del caso del buque a vela BAP Unión ha “adecuado su investigación a la Ley contra el Crimen Organizado, en una clara intención de prorrogar la misma (…), aludiendo con ello que la institución, el Ministerio de Defensa y los organismos de control que han evaluado el caso, y en particular los oficiales que desempeñaron relaciones funcionales internas, estarían constituyendo una organización criminal”.
