Fiscalía de Crimen Organizado tras los pasos de españoles implicados en tráfico de terrenos

En los últimos días, Jorge Hernández Fernández, más conocido como ‘el Español’, apareció en algunos medios de comunicación para negar haber participado en el tráfico de terrenos o intervenido en violentos desalojos con el apoyo de efectivos policiales o de matones contratados para dicha finalidad. Videos, audios y fotografías captados por las víctimas de sus actividades demuestran que sí estuvo presente y en compañía de sus empleadores y compatriotas, Rafael Calvo González Gallarza y Sergio Castellanos Martínez.

Después de que el 7 de marzo de este año, Hernández, fue detenido por haber sido parte de una trama de espionaje que urdió junto con el expresidente Pedro Castillo y altos mandos de la Policía Nacional. Rafael Calvo y Sergio Castellanos han tratado de desvincularse de este personaje.

Sin embargo, con antelación al encarcelamiento de Hernández, la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado había iniciado una investigación contra los empleadores de ‘el Español’, los empresarios Rafael Calvo y Sergio Castellanos, precisamente, por el presunto delito de tráfico de terrenos, caso en el que también están involucrados oficiales de la PNP.

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Además de las fotos, audios y videos que acreditan que Jorge Hernández trabajaba para Rafael Calvo y Sergio Castellanos, los fiscales contra la Corrupción del Poder han determinado que las dos residencias en donde vivió ‘el Español’ eran pagadas por sus compatriotas. Fueron Calvo y Castellanos quienes trajeron a Lima a Jorge Hernández en 2016 pese a sus graves antecedentes penales.

Cuando el ex comandante general de la Policía Nacional Luis Vera Llerena, por órdenes del expresidente Pedro Castillo, aceptó reunirse con ‘el Español’, los encuentros se produjeron en la calle Roma 316, San Isidro. En esa casa, también asistió el exministro del Interior Dimitri Senmache para evaluar los ascensos de generales de la PNP.

También, está establecido que el ex comandante general PNP Raúl Alfaro Alvarado sostenía entrevistas clandestinas con Hernández Fernández en la casa de este de la calle Paraíso 635, en La Molina.

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Evidente implicación

Está probado documentalmente que las rentas del inmueble de la calle Roma los pagaba la empresa CAT Corporación, representada por Rafael Calvo y Sergio Castellanos; y el de calle Paraíso, el mismo Castellanos. No pueden negar que Jorge Hernández era su empleado.

Por lo tanto, la investigación fiscal por tráfico de terrenos también alcanza a ‘el Español’, una lucrativa actividad que hizo que, de vivir en un modesto departamento en el Callao, pasara a una casa de San Isidro y a una residencia de La Molina, todo pagado por Calvo y Castellanos.

El caso está en manos de la fiscal de Crimen Organizado de Ventanilla Elena Mayurí Bocanegra, quien, desde hace dos meses, empezó a llamar a declarar no solo a los españoles Rafael Calvo y Sergio Castellanos, sino también al jefe de la Comisaría de Zapallal, mayor PNP Pedro Delgado Gozar, y al jefe del Departamento Social Laboral de la División de Asuntos Sociales de la PNP, mayor José Gamarra Romero.

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A estos oficiales se les atribuye haber apoyado a los españoles para desalojar a pobladores que residían en los terrenos que los extranjeros reclamaban como suyos.

La investigación fiscal también alcanza al representante de la inmobiliaria Agrícola Lima, Carlos Enríquez Vives; al juez de paz no letrado del Cono Norte, Juan Agüero Anaya; al notario Edgardo Hopkins Torres; y a los que resulten responsables.

Si bien la fiscal Elena Mayurí asumió el caso hace dos meses, el expediente lo inició el fiscal de Crimen Organizado de Lima Víctor Luna Castillo antes de la detención de Jorge Hernández.

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Más bien, justamente debido a la captura de ‘el Español’ por conformar un equipo de espionaje encabezado por el expresidente Pedro Castillo, el expediente fue transferido al despacho de la fiscal Elena Mayurí. Jorge Hernández ha pedido acogerse a la colaboración eficaz por el caso con el ex jefe de Estado, pero no ha dicho nada sobre la investigación que lo relaciona con el tráfico de terrenos. Evidentemente, mantiene silencio, porque aparecen sus compatriotas que lo trajeron al Perú escapando de graves imputaciones en su país.

El hilo de la madeja

El 29 de febrero de 2020, aprovechando la oscuridad de la zona, un grupo de 80 matones armados con palos y armas de fuego irrumpieron violentamente en un extenso terreno de 13 hectáreas de propiedad de Francisco Wong Vicuña, ubicado en el fundo San Francisco de Copacabana, a la altura del kilómetro 33,5 de la Panamericana Norte, en Puente Piedra.

Inmediatamente, Francisco Wong requirió apoyo a la Comisaría de Zapallal, cuyos efectivos a cargo del mayor PNP Hugo Carbajal Tamariz se presentaron en el lugar y lograron detener alrededor de 20 personas de mal vivir que fueron puestos a disposición del fiscal de turno de Lima Norte.

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La incursión había sido protagonizada por el español Sergio Castellanos Martínez, quien alegó que era propietario del predio junto con sus compatriotas Rafael Calvo y Jorge Hernández.

Una semana antes del desalojo, el representante de la compañía inmobiliaria Agrícola Lima, Carlos Enríquez Vives, solicitó la presencia del juez de paz no letrado Juan Agüero Anaya. Sin tener jurisdicción en la zona, Agüero simuló una inspección ocular al otorgar una constatación de posesión a favor de los españoles. El notario de Miraflores Edgardo Hopkins Torres, a pedido de Sergio Castellanos, acreditó mediante declaración jurada que el terreno no estaba en litigio cuando, en realidad, existía una denuncia en la Tercera Fiscalía Penal de Lima Norte.

En junio de 2021, los españoles Rafael Calvo, Sergio Castellanos y Jorge Hernández volvieron a ingresar en los terrenos de Francisco Wong y, en complicidad con matones, tomaron nuevamente la propiedad y levantaron un cerco perimétrico con bloques de cemento con las iniciales de la compañía inmobiliaria Agrícola Lima. Los extranjeros lograron apoderarse de 8.500 metros cuadrados.

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Esta vez, los españoles contaron con el apoyo del comisario de Zapallal, mayor PNP Pedro Delgado Gozar, y el jefe del Departamento Social Laboral de la División de Asuntos Sociales de la Policía, mayor PNP José Gamarra Romero.

Los oficiales en todo momento se parcializaron a favor de los españoles e hicieron caso omiso a las demandas de los agraviados.

Francisco Wong relató a La República que los terrenos eran de la familia Marsano y que, durante la reforma agraria, fueron adjudicados a sus padres en 1975 y que, por herencia, le pertenecen. Sin embargo, el predio no está inscrito en Registros Públicos.

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“Los españoles Sergio Castellanos y Jorge Hernández fueron los que ingresaron a mi terreno y se apropiaron ilegalmente de ocho hectáreas”, explicó Francisco Wong.

“Los dos españoles estuvieron acá. Tienen influencia en la Policía y en la Fiscalía. Por esa razón, se quedaron con mi propiedad”, narró Wong.

El agricultor sostuvo que los españoles los han denunciado por usurpación cuando, en realidad, ellos son los usurpadores, indicó.

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Fue con esta actividad del presunto tráfico de influencias que ‘el Español’, Jorge Hernández, se vinculó con oficiales de la Policía Nacional para que lo ayudaran en la presunta usurpación de predios.

Retrato familiar

Por esta razón, Sergio Castellanos y Jorge Hernández aparecen junto a oficiales de alto rango de la PNP en la inauguración de una gruta, en un establecimiento policial en el Callao, el 12 de agosto de 2021, y luego, en la fiesta de cumpleaños en casa de Hernández en La Molina, el 6 de diciembre de 2021.

Es decir, mientras Jorge Hernández Fernández, ‘el Español’, con el apoyo de altos mandos policiales se dedicaba al presunto tráfico de terrenos, paralelamente “asesoraba” a Pedro Castillo para combatir a sus enemigos políticos. Para dicho fin, planeó el copamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin) y la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional (Dirin).

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Por eso, el coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado, Jorge Chávez Cotrina, dijo a La República que los generales de la Policía Nacional vinculados con Jorge Hernández deberían ser incluidos en la investigación por este caso de tráfico de terrenos.

“Si yo fuera el fiscal del caso, agotaría todos los actos investigativos y llamaría a los generales y coroneles”, indicó el fiscal superior Jorge Chávez.

“Con el solo hecho del tráfico de terrenos, al primero que llamaría es al comisario de Puente Piedra, al jefe policial de más alto rango de Lima Norte y hasta el jefe de Región Policial Lima”, resaltó el coordinador de las Fiscalías de Crimen Organizado.

“Si aparecen en evidencias que hay una vinculación de los españoles con otro tipo de autoridades como en el caso de los ex comandantes generales de la Policía Nacional, de cajón tienen que llamarlos a declarar”, refirió Jorge Chávez Cotrina.

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“‘El Español’ me dijo que era informante de la Dirin”

El mayor PNP Edgar Torres Cabanillas, quien aparece en una fotografia junto al ex comandante general de la PNP Raúl Alfaro Alvarado, durante la celebración de cumpleaños de Jorge Hernández, dijo que ‘el Español’ era “informante” de la Dirección de Inteligencia (Dirin) de la Policía Nacional.

“Yo no tengo ninguna vinculación con el español Jorge Hernández. Solo sé que era un informante de Dirin y que nos ayudó a desbaratar una organización de traficantes de terreno en 2018”, señaló el oficial a La República.

Aseguró que los españoles Sergio Castellanos y Rafael Calvo son “propietarios” de los terrenos que han sido usurpados por gente que los han denunciado.

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“Los españoles cuentan con documentos que acreditan la propiedad de los terrenos en los Registros Públicos; sin embargo, los han denunciado como traficantes de terrenos”, manifestó.