Extradición de Alejandro Toledo es definitiva y podría tardar más de un mes
Especialistas en el tema aseguran que el anuncio hecho por el Departamento de Estado de EUA ya no puede ser revocado, pero que sí existe la posibilidad de que Toledo presente acciones dilatorias, las cuales se resolverían en un plazo máximo de 6 meses.
Tras anunciarse la extradición de Alejandro Toledo Manrique, quien está siendo investigado por la Fiscalía de la Nación por los delitos de colusión y lavado de activos en los casos Odebrecht y Ecoteva, diversas dudas se han planteado sobre los plazos y la posibilidad que se retroceda en la decisión del Departamento de Estado de aceptar su retorno al Perú. Esto luego de que la defensa del exmandatario indicara que insistirá en la presentación de recursos ante la justicia.
Los abogados penalistas Carlos Caro y James Rodríguez, ambos expertos en temas de procesos de extradición, precisaron que la decisión adoptada por la entidad norteamericana es definitiva e irrevocable, según su experiencia.
"Ya no existe posibilidad de que esta decisión sea revocada. Procesalmente, no existe algún recurso, una vez aprobada la extradición a nivel judicial, con el que se pueda revertir la decisión. La aprobación de la extradición a nivel Ejecutivo implica que el secretario de estado del país norteamericano ya dio luz verde a la extradición del expresidente Alejandro Toledo. Desde mi punto de vista ya no existiría algún tipo de recurso que pueda paralizar este pedido", precisó inicialmente Rodríguez para este medio.
Dicha afirmación fue sostenida también por Carlos Caro, quien señaló que este anuncio corresponde a "una decisión determinante, porque Toledo ya utilizó todos los recursos, para impedir su extradición por la parte judicial, pero los ha perdido todos. El juez ordenó la extradición, y el tema estaba en manos ya del departamento de Estado, el cual ya dio su decisión final".
Una extradición aprobada en 2 instancias
El proceso de extradición, que abarca todo el procedimiento, desde el envío de los cuadernos de extradición por parte del Ministerio Público, hasta la fase final que constituye la entrega del Toledo al Perú para que se siga el debido proceso, cuenta con dos fases en dos ámbitos distintos.
La primera fase corresponde a la vía judicial, la cual culminó el año pasado y en la que el Departamento de Justicia de EE. UU. (una instancia similar al Ministerio de Justicia en el Perú) falló en contra de Toledo Manrique en todas las instancias; y la segunda fase, por medio de una vía política, en la que el Departamento de Estado (equivalente a lo que sería el Ministerio de Relaciones Exteriores en el país) emite una decisión final y que fue determinada el último martes 21, cuando se dictamine el retorno del expresidente.
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Tiempo de extradición y cómo afectan las acciones dilatorias
Según James Rodríguez, Toledo Manrique "puede presentar algún recurso dilatorio, pero que pueda resultar procedente, desde mi punto de vista, no, ya no puede defenderse de este proceso de extradición, excepto, que él se fugue".
El empleo de acciones dilatorias es prevenido también por parte de Caro, quien indicó que "Toledo podría ejecutar alguna acción dilatoria, pues así como impugnó en la parte judicial puede impugnar la parte de la decisión política; tratando de imponer por ejemplo otro habeas corpus, con la finalidad de evitar ser trasladado a Perú, pero para mí, esto sería con cero probabilidad de éxito, sería solamente una cuestión dilatoria".
El anuncio de su defensa sobre perseverar en estas acciones podrían generar un incremento en los plazos de extradición. Rodríguez precisa que estos son "procesos muy rigurosos y estrictos", por lo que, si bien lo normal es que demore unas cuantas semanas, no existe la posibilidad de que se dé en menos de un mes. "En este caso aún no hay nada seguro", señaló.
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En este plazo coincidió Caro, siempre y cuando no se planteen acciones dilatorias. "Si no plantea ninguna acción, este es un tema que se podría resolver en los próximos 30 días en promedio, que es lo que suele tardar", dijo, además de precisar que la etapa de la entrega, en términos generales, "demora aproximadamente entre 30, 40 o 45 días".
De no ser así, Carlos Caro señaló que el proceso podría extenderse desde un mes hasta seis meses como máximo. "No creo que más, pues todas las van a rechazar", dijo.
Para Caro, una estrategia que podría adoptar la defensa de Toledo es la de adoptar acciones como un habeas corpus o incluso un pedido de asilo político, "todo por dilatar, pues se entiende que está dando 'manotazos de ahogado'", incidió.
¿Qué sigue después de aceptarse la extradición?
Tras la decisión, se ingresa a la fase final, que corresponde a la materialización de la entrega de Alejandro Toledo, en la que, una vez notificado el expresidente, él tiene que ponerse a disposición de la autoridad policial de su ciudad para ser entregado a la autoridad peruana.
Esto puede darse de dos maneras, o Toledo se entrega, o procede su captura. Esta decisión aún está en manos de las instancias judiciales de Estados Unidos. El primer paso se dio este miércoles, cuando la fiscal Stephanie M. Hinds, solicitó al juez de la corte del Distrito Norte de California que se revoque la libertad bajo fianza del exjefe de estado peruano para proceder con la ejecución de la extradición. Sin embargo, el pedido, que no es del todo necesario, será evaluado el próximo 9 de marzo desde las 10.00 a. m.
Tras darse esta decisión, Caro precisó que hay dos maneras de entregar a Toledo a la justicia peruana, la primera implica que agentes peruanos lleguen hasta el país norteamericano a recoger al expresidente, la otra generaría que el FBI llegue hasta el Perú trasladando a Alejandro Toledo.
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¿Alejandro Toledo podría huir de la justicia estadounidense?
En este escenario, ambos especialistas difieren. Mientras que Rodríguez precisa que existe una posibilidad latente de que Toledo Manrique busque fugarse a fin de evitar la justicia peruana, basándose en sus antecedentes y "su reciente tramitado de renovación de pasaporte", los cuales "generarían dudas de que él vaya a entregarse voluntariamente a la autoridad", tomando en cuenta también la reticencia de la defensa de Toledo a aceptar la decisión final.
Por otro lado, Caro incide en la improbabilidad de que se dé una fuga, apelando a la situación judicial en la que se encuentra Toledo al estar con "la restricción del grillete electrónico con geolocalización, el cual es administrado por las autoridades americanas, que son una empresa prácticamente privada. Si él intenta quitarse el grillete o se mueve fuera del lugar, la policía lo va a apresar. Es muy difícil que él pueda escaparse en estas condiciones, no es tan fácil. El solo hecho de quitarse el grillete activa las alarmas para que lo detengan, por lo que es muy difícil que él se escape".