Política

La realidad confirma que se ha reducido la capacidad de las fiscalías de DDHH

Nos ratificamos. La fiscalía de la Nación reestructuró las fiscalías de Derechos Humanos para privilegiar el nuevo subsistema de terrorismo.

La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la "nueva estructura" de la fiscalía que investiga a funcionarios por corrupción.  Foto: composición LR
La fiscal de la Nación, Patricia Benavides, presentó la "nueva estructura" de la fiscalía que investiga a funcionarios por corrupción. Foto: composición LR

A través de la red social Twitter, el Ministerio Público acusa de falsedad a una nota publicada en el diario La República, el 13 de enero último, con el título: Desmantelan las Fiscalías de Derechos Humanos, a nivel nacional. Cinco días después de publicarse este artículo, la fiscalía señala que, al contrario, lo que ha hecho es fortalecer este subsistema.

A fin de aclarar la situación, vamos a contrastar lo que dice la fiscalía con la realidad verificable y comprobable fisicamente, que hemos publicado.

El Ministerio Público dicen:

Ministerio Público, desmentido

Ministerio Público, desmentido

1) “Las fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad han sido fortalecidas para atender con mayor especialización y celeridad las investigaciones con enfoque de derechos humanos e interculturalidad”.

2) “Es falso que se hayan desmantelado los despachos fiscales, al contrario es la primera vez que el Ministerio Público tendrá un subsistema fiscal especializado en derechos humanos e interculturalidad, independiente a otros subsistemas fiscales (corrupción, crimen organizado, etc).

3) “Así, recientemente se crearon fiscalías especializadas en derechos humanos e interculturalidad en los distritos fiscales de Ucayali, La Libertad y Madre de Dios. Con estos nuevos despachos, se incrementan las fiscalías especializadas en derechos humanos y ahora son 9 en el país”.

Una existencia de 18 años

Fiscalias de DDHH, 18 aniversario

Fiscalias de DDHH, 18 aniversario

Las fuentes de la información publicada el 13 de enero se sustentan en un video institucional del 22 de noviembre de 2022 por el 18° aniversario de las fiscalías especializadas en DDHH, Interculturalidad y Terrorismo; el discurso del 4 de enero de 2023 de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides; y una serie de resoluciones publicadas el 13 de enero, en el diario oficial El Peruano.

El video institucional, muestra que desde el 2004 existe el subsistema especializado en delitos contra los DD.HH, interculturalidad y terrorismo. Por tanto, decir que es la primera vez que existe esta especialidad, independiente de corrupción y crimen organizado, es pretender reescribir la historia. Es totalmente falso.

Las fiscalías de terrorismo existen desde los años 80 del siglo XX. Desde hace 18 años existe una fiscalía especializada en DDHH, que además, asumió los casos de terrorismo, que cada día eran menos. La jueza peruana de la Corte Penal Internacional, Luz del Carmen Ibáñez, fue fiscal superior titular de este sistema altamente especializados y con reconocimiento internacional.

En su discurso del 3 de enero, la doctora Patricia Benavides también se refiere a la existencia de este sistema y anuncia que será dividido en dos. Es imposible dividir algo que no existe, que recién se va a crear.

Patricia Benavides, en ceremonia de fiscalías de DDHH

Patricia Benavides, en ceremonia de fiscalías de DDHH

Este subsistema, a nivel nacional, estaba integrado por un total de 12 fiscalías, de las cuales dos eran fiscalías superiores con sede en Lima y 10 fiscalías supraprovinciales con sede en Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1).

Estos 12 fiscalías veía delitos de terrorismo, apología al terrorismo, delitos contra la humanidad, delitos comunes que constituyen violación de DDHH, delitos de homicidio, lesiones y extorsión contra periodistas y delitos contra los defensores de DDHH.

La realidad verificable

Al publicarse en el diario El Peruano las resoluciones que ponen en marcha la división que anunció la doctora Benavides, lo que se hizo, a fin de dar una información en detalle al público, fue comparar lo que existía al 12 de enero con lo nuevo que se estaba creando, el 13 de enero, en medio de una gran conmoción social y más de 40 muertos en protestas ciudadanas.

Una simple operación matemática nos dice que donde antes había 12 fiscalías en total, ahora solo hay 10: una superior y 9 supraprovinciales. Pero, si se mira más el detalle, de las 10 supraprovinciales que existían solo quedan seis. Las otras tres son nuevas, recién creadas.

Pero, al hablar de DDHH y, en general, de los sistemas de justicia, los números son relativos. Lo realmente trascendente es la realidad en la que los fiscales deben desarrollar su trabajo.

Veamos. Los casos que veían estas 12 fiscalías, en el 90% , son por violaciones a los DDHH durante el conflicto armado interno, la búsqueda de desaparecidos, exhumación de fosas comunes e identificación de restos de víctimas del terrorismo y el caso de Inti y Bryan.

El 10% de casos restantes, estaban constituidos por los requisitoriados por terrorismo de los años 90, las investigaciones a los remanentes senderistas en el Vraem y los casos Perseo (2012) y Olimpo (2020).

Mayor carga de trabajo

Entonces, del 90% de casos de DDHH que antes veían dos fiscalías superiores pasarán a ser vistas por una sola fiscalía superior.

En Lima, dos fiscalías supraprovinciales verán casos que antes se veían en tres fiscalías. Si partimos de ese 90%, si antes cada fiscal veía 30 casos, ahora, verá 45%. Más trabajo, pero los mismos o menos recursos.

En la región Ayacucho, permanecen dos fiscalías supraprovinciales con su 90%, a los que se suma los de la región Huancavelica. Permanece, la única fiscalía supraprovincial de Junín, pero con competencia adicional sobre Huánuco y toda la selva central. Su ámbito de acción se amplia, eso es más trabajo. También subsiste la fiscalía de Apurímac.

Es verdad, la fiscalía de la Nación crea tres nuevas fiscalías especializadas en Ucayali, La Libertad y Madre de Dios, que antes no existían, por tanto, su carga de trabajo parte de cero y no reciben de los casos ya existentes. Solo respecto de estas tres se puede hablar que hay una mejora.

Se han eliminado los despachos fiscales de Pichari-Cusco, Huánuco y Huancavelica, cuyo 90% expedientes pasarán a otra región, lo que pone distancia para cualquier víctima . Estas tres despachos ahora verán casos de terrorismo.

Hay otros detalles. Por ejemplo, en Junin, el fiscal especializados en DDHH, Oliver Felices, que promovió las investigaciones y exhumación de los restos de 10 comuneros de Paccha, El Tambo, víctimas de ejecución extrajudicial y desaparición forzada en 1992, ahora pasó al subsistema de terrorismo.

Al menos el 50% de los fiscales especializados en DDHH pasaron al nuevo sistema de terrorismo, que cómo decíamos tiene un 10% de carga. El otro 50% de fiscales se queda con el 90% de trabajo ya existente.

Terrorismo

En la misma nota en cuestión, se informó que la fiscalía ha creado tres nuevas fiscalías especializadas en DDHH y se ha creado el subsistema especializado en terrorismo, con un total de siete fiscalías: una superior y seis supraprovinciales.

Estas nuevas fiscalía recibirán la carga apróximada del 10% de casos por terrorismo que ya existian, con lo que tendrán plena capacidad operativa para lo que viene, a diferencias de sus colegas de DDHH. Es claro, entonces que la fiscalía de la Nación esta privilegiando los recursos al nuevo sistema de casos de terrorismo.

La realidad de los despachos fiscales muestra un panorama que respalda lo que dice La República. Una realidad que el Ministerio Público busca desacreditar, cinco días después de difundirse la información.

Opinión

”La Fiscal de la Nación está desarmando el subsistema de fiscales de casos de violaciones a los DDHH. 1/2 docena de fiscales de ese sub sistema hoy han sido designados como fiscales para casos de terrorismo dejando a la deriva decenas de casos del conflicto armado”, señaló el abogado de IDL, Carlos Rivera, el mismo 13 de enero.

”La explicación a la creación de un sistema para casos de terrorismo es la avalancha de personas y líderes sociales que nos piden ayuda porque los están investigando por terrorismo. La división que se ha hecho afecta de manera totalmente desproporcionada el abordaje de los casos de DD.HH”, explicó Mar Pérez, abogada de la Coordinadora de Derechos Humanos.