Fiscalías de crimen organizado verían delito de terrorismo

Una semana después, mientras el número de muertos en las protestas llegó a 40, el Ministerio Público todavía no logra dar forma al anuncio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de crear un sistema especial para investigar a los responsables del excesivo uso de la fuerza y el derramamiento de sangre durante las movilizaciones ciudadanas.

El miércoles 4 de enero, Benavides anunció la reestructuración o división de las fiscalías especializadas en derechos humanos, interculturalidad y terrorismo para investigar la muerte de peruanos durante la represión a las marchas. Este subsistema está compuesto por 10 fiscalías supraprovinciales y dos fiscalías superiores.

Además, no cubren todas las provincias del país. Estas fiscalías solo operan en Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1), mientras que las protestas se han extendido por todas las regiones del sur y podrían ampliarse a otras zonas del país.

Ante esta realidad, dividirlas las 10 fiscalías en dos subsistemas resulta inviable y contraproducente. Un grupo dedicado a las investigaciones por violaciones a los derechos humanos, crímenes contra periodistas y contra los defensores de los derechos humanos, y otro para los casos de terrorismo.

Crimen organizado

Una salida es aumentar el número de fiscalías especializadas en esta materia. La fiscal de la Nación habló de crear nuevas fiscalías en Madre de Dios, Ucayali y La Libertad. Pero este asunto tiene el inconveniente de requerir presupuesto que el Ministerio Público no tiene.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía de la Nación, una alternativa que se está evaluando es aumentar el abanico de delitos que investigan las Fiscalías Especializadas en Crimen Organizado (Fecor), para incluir el delito de terrorismo.

Este subsistema altamente especializado y con experiencia en megaprocesos y delitos graves sí cuenta con un mayor número de fiscalías y fiscales, por lo que no se requerirá mucho presupuesto ni personal adicional para que empiecen a trabajar.

En los hechos, ya lo están haciendo. El 15 de diciembre último, mediante la resolución n° 2673-2022-MP-FN, la fiscal de la Nación encargó a la Fecor, que lidera el fiscal superior Jorge Chávez Cotrina, que, “en adición a sus funciones, realicen intervenciones inmediatas y diligencias urgentes por delitos que pudieran cometerse en el marco de las manifestaciones que se vienen realizando en el país”.

Dos días después, los fiscales de la Fecor participaron en la intervención policial a los locales de la Confederación Campesina del Perú y del partido Nuevo Perú. También están participando en las detenciones masivas que se están realizando en Lima, entre los sospechosos de participar en las protestas contra el Gobierno.

Ahora, la visión institucional es que las marchas serían actos de terrorismo, y solo faltaría adicionarles la facultad de investigar este delito.

Derechos humanos en espera

De adicionarse a la Fecor la facultad de investigar delitos de terrorismo y conexos, las actuales fiscalías especializadas de derechos humanos, interculturalidad y terrorismo solo se abocarían a ver los casos de violaciones a los derechos humanos.

Igual, el equipo resulta insuficiente para atender los casos contra los derechos humanos que se han presentado en Apurímac, Ayacucho, Junín, La Libertad y Cusco, pero no les restarían su actual capacidad y experiencia.

La Fecor en acción

Desde el 15 de diciembre, las fiscalías de crimen organizado intervienen frente a las manifestaciones.