Reestructuración de las fiscalías buscaría juzgar las protestas como terrorismo
Advertencia. Los procesos actuales no justifican la creación de fiscalías especializadas en terrorismo. Decisión de la fiscal de la Nación debilitaría los procesos de DDHH, como el caso de Inti y Bryan.
Preocupación y temor ha generado el anuncio de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, de reorganizar el subsistema de fiscalías especializadas en derechos humanos, interculturalidad y terrorismo, con el objetivo, anunció, de investigar las muertes y los actos de violencia en las marchas ciudadanas de diciembre último.
Estas fiscalías constituyen un subsistema pequeño, que tiene como coordinador al fiscal superior Luis Enrique Valdivia Calderón. Hoy cuenta con apenas dos fiscalías superiores nacionales y 10 fiscalías supraprovinciales en Lima (3), Ayacucho (2), Pichari-Cusco (1), Huánuco (1), Apurímac (1), Junín (1) y Huancavelica (1).
Por eso mismo, la fiscal de la Nación habló de crear otras tres fiscalías en Madre de Dios, Ucayali y La Libertad, que ahora no existen. Este subsistema nació en noviembre del 2004, a partir de las fiscalías de terrorismo que funcionaron en todas las provincias del país en el siglo XX. Al disminuir su carga laboral, se les adicionó otras competencias.
Así, empezaron a investigar el delito de apología al terrorismo, delitos contra la humanidad, delitos comunes que constituyen violación de DDHH, delitos de homicidio, lesiones y extorsión contra periodistas y, desde el 2021, delitos contra los defensores de DDHH.
Los casos
Los casos que ven estos fiscales, en su mayoría, son las investigaciones de violaciones a los DDHH cometidas durante el conflicto armado interno, incluida la búsqueda de desaparecidos, exhumación de fosas comunes e identificación de restos de víctimas del terrorismo. El 2021 asumieron la investigación del caso de Inti y Bryan.
Los casos por terrorismo son escasos. Los requisitoriados por terrorismo de los años 90, las investigaciones a los remanentes senderistas en el Vraem y los casos Perseo (2012) y Olimpo (2020) vinculados a las actividades del Movadef.
Por esto, diversos fiscales del subsistema, consultados por La República, señalaron que al día de hoy no hay carga suficiente para restablecer las fiscalías únicamente por terrorismo. Por eso, temen que el equipo actual se disgregue, reduzca o arrincone para dar paso a nuevas fiscalías que recibirían todo el presupuesto.
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En tanto, a los organismos de DDHH les preocupa que el Ministerio Público asuma la prédica del Gobierno, la Policía y ciertos políticos acerca de que detrás de las protestas y el reclamo de una asamblea constituyente estén los grupos terroristas.
Preocupación
“Las fiscalías se habían reducido en Lima y se estaban concentrando en Ayacucho. La fiscal de la Nación dijo que tienen poco presupuesto, entonces de dónde saldrán los fondos para crear nuevas fiscalías”, señala Gloria Cano, de Aprodeh.
Además, no hay carga procesal en casos de terrorismo, “a menos que la fiscal de la Nación haya conversado con la Policía y se piense ligar la protesta social con el terrorismo y vayan a venir cientos de denuncias por ese lado”.
“Hay personas que han actuado con violencia durante las manifestaciones, pero eso no justifica una investigación por terrorismo. Si se hace eso, ya estaríamos en una situación de afectación al debido proceso”, subraya Cano.
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“La reestructuración es en realidad una división del subsistema. Veo un doble discurso de la fiscal de la Nación. Por un lado habla de escuchar a las víctimas, pero por otro lado su propuesta va con los que plantean que detrás de las protestas está Sendero Luminoso”, advierte Carlos Rivera de IDL.
Anota que si se quiere plantear que el cambio de Constitución es una propuesta del Movadef, entonces todos los que pidan eso mismo caen en sospecha de terrorismo y eso no es correcto.
La Policía estaría detrás del cambio
De acuerdo con diversas fuentes del Ministerio Público, la Policía Nacional, especialmente oficiales de la Dircote, está detrás de la propuesta de la fiscal de la Nación.
La propuesta surge luego de la intervención, el 17 de diciembre, a la sede de la Confederación Campesina del Perú y el partido Nuevo Perú.
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La Policía realizó el operativo a las 8:00 de la mañana y los fiscales aparecieron a las 12:00, y más tarde liberaron a todos los intervenidos al no encontrar elementos para una detención.
La Policía quiere fiscales que respalden esas intervenciones, “sin dudas ni murmuraciones”.
Infografía - La República
