Poder Judicial dispone incautar más de S/ 3 millones a cuentas de Vladimir Cerrón

A pedido del fiscal de lavado de activos Richard Rojas Gómez, el Poder Judicial ha incautado más de S/3 millones 22 mil contenidos en once cuentas bancarias que pertenecían al investigado Vladimir Cerrón Rojas, fundador del partido político Perú Libre, así como a su madre, Bertha Rojas López.

La medida fue autorizada en el transcurso de la última semana por el juez Jorge Chávez Tamariz en una investigación que se le sigue a ambos por presunto blanqueo de dinero, en el que se imputa que se utilizó dinero de origen sospechoso para diversos fines, entre ellos el de financiar las campañas políticas de Perú Libre tanto a nivel distrital, provincial, regional, congresal y presidencial.

En total, son cinco cuentas de Bertha Rojas las que se vieron afectadas y seis las de Cerrón. Rojas López tenía más de 90 mil soles en sus cuentas de ahorros del Banco de la Nación, mientras que en Credicorp tenía una cuenta en soles y dólares que sumadas superaban el millón de soles. En el caso del exgobernador regional de Junín, este tenía en una cuenta de ahorro BBVA más de S/377 mil y en una cuenta Interbank más de S/1.2 millones.

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Según la resolución judicial a la que accedió este diario, la Fiscalía planteó incautar dichas cuentas el uno de agosto pasado. Tras ello, el magistrado Chávez Tamariz estimó que la medida era proporcional, idónea y necesaria ante el peligro de que tanto Vladimir Cerrón como su madre dispusieran o desaparecieran dichos montos en sus cuentas deshaciendo la posibilidad de un decomiso definitivo a favor del Estado.

En el caso de Cerrón se valoraron las pericias que demostraron un desbalance patrimonial en sus cuentas del 2002 al 2018. El investigado, aseguran la Fiscalía y los informes periciales, tampoco pudo demostrar si realmente recibió pagos de más de S/15 mil entre el 2008 y 2010 por clases dictadas en a Universidad Nacional del Centro.

Por el contrario, se evidenciaron contradicciones en su versión de que habría recibido además recibos por honorarios por el desempeño de su profesión como médico en 2021.

Testigos han afirmado que no pagaron por esos servicios, señala la resolución del juez. Una de sus transacciones realizada en 2017, por otra parte, por S/260.000, fue identificada como sospechosa por no encajar con las declaraciones juradas que había presentado entonces ante la Contraloría General de la República.

La cuenta en dólares del BBVA de Cerrón tampoco ha podido acreditar adecuadamente su origen, resalta el Ministerio Público. Con relación a Bertha Rojas, se tienen como elementos para incautar sus cuentas las adquisiciones de inmuebles en Junín y en Lima así como transferencias para el pago de la reparación civil que se impuso a su hijo Vladimir Cerrón en 2019 por una sentencia que se le dictó por negociación incompatible.

A pesar de que tiene vigente aún el congelamiento de sus fondos por la UIF (Unidad de Inteligencia Financiera), el juez Chávez Tamariz determinó que la constante actividad y transferencias entre sus cuentas era motivo suficiente para dictar la medida. Por todo ello, se concluyó que “existen abundantes operaciones sospechosas e inconsistencias que no se condicen con la realidad” en las cuentas de los investigados.

La hipótesis principal que maneja la Fiscalía en este caso es que Perú Libre fue utilizada para recibir dinero ilícito de lo generado por la red criminal “Los Dinámicos del Centro” (dedicada en Junín al tráfico de licencias de conducir e intercambio de favores en su Dirección General de Transportes y Comunicaciones durante la gestión de Vladimir Cerrón).

Ello con el fin de que dichos montos sirvieran para “el pago de diversos servicios, gastos propios e inversiones como plan de actividades políticas y con ello darle apariencia de legalidad”.

Recomiendan inhabilitar a Castillo por cinco años

El informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo, que remitió Wilson Soto (AP) a la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), Rosio Torres, recomienda acusarlo y castigarlo por traición a la patria.

“Proponemos que se imponga la sanción de inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública”, se lee en el documento.

Asimismo, hace referencia a las declaraciones de Castillo a CNN. “En su condición de jefe del Estado manifestó que preguntaría a los peruanos sobre la salida al mar de Bolivia, lo que no encarna el deseo de la nación, sin tener en cuenta que el territorio es inalienable e inviolable (...) poniendo en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar”, indica.