Proyecto de Dina Boluarte vulnera garantías durante las protestas
Amenaza. Además de aumentar los años de pena en situaciones de estado de emergencia, el Ejecutivo pretende anular la etapa de investigación para llevar directamente a juicio a ciudadanos, sin un debido proceso y sin un adecuado derecho a la defensa.
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Con el reciente proyecto de ley presentado ante el Congreso, el régimen de Dina Boluarte no solo apunta a establecer penas más drásticas en situaciones de estado de emergencia, sino que también busca limitar garantías básicas como el debido proceso o el derecho a la defensa de los ciudadanos, según advierten especialistas consultados en derecho penal y en materia de derechos humanos.
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Para el penalista Jorge Zúñiga, resulta preocupante la propuesta del Ejecutivo de modificar también el artículo 446 del Código Procesal Penal, ya que los ciudadanos serían sometidos directamente a un proceso judicial, sin la etapa previa de investigación fiscal.
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“Desde mi punto de vista, plantear un proceso inmediato es un grave riesgo, pues se estaría limitando el derecho de defensa”, apunta.
Jorge Zúñiga pone como ejemplo una posible detención de alguien por supuesto atentado contra un medio de transporte en el contexto de las protestas: “Lo detienen y se abre un proceso judicial de inmediato, sin actos de investigación. Aquí se estaría actuando solo con pruebas de ese momento, que sería el acta del policía. Eso generaría una condena inmediata. Hay autores que consideran que ir directo a un proceso judicial es inconstitucional”.
Ana María Vidal, especialista en derechos humanos, precisa que la etapa de investigación fiscal contempla una serie de momentos para que una persona pueda plantear nulidades, lo cual sería imposible si los ciudadanos van directo a un juicio.
“Los investigados tienen una serie de derechos. Si estos no se cumplen, pueden interponer tutelas de derechos. Pero con este proyecto pretenden desconocer eso e ir directo a juicio oral”, explica.
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Por su parte, Cruz Silva, abogada del Instituto de Defensa Legal (IDL), precisa que la eventual aprobación en el Congreso del proyecto de ley afectaría garantías como el derecho a la defensa, el debido proceso o el derecho de ser investigado o procesado en lengua originaria, para el caso de los detenidos de algunas regiones.
“Hay el riesgo de someter ante los jueces a ciudadanos que en las primeras horas no cuentan con abogados y cuyos testimonios pesan menos que las declaraciones de los policías. Incluso hay denuncias del sembrado de pruebas. Entonces, habrá decisiones inmediatas en contra. Si ingresan directo a juicio, pueden ser rápidamente sentenciados. Se está criminalizando mucho más las protestas”, advierte.
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Nueva discriminación
Ana María Vidal cuestiona, por otro lado, que se pretenda establecer un sistema de derecho penal distinto en las regiones donde se declara el estado de emergencia solo por acatar protestas sociales, como es el caso de Puno y otras del sur.
“Todo esto es muy peligroso. De aprobarse en el Congreso, ya no estaríamos en un sistema constitucional de derecho, donde se respeta los derechos humanos. Estaríamos ingresando a una etapa que no es democracia”, alerta Ana María Vidal.
Infografía - La República
