El Gobierno busca a la OEA y pide activar la Carta Democrática

El Gobierno de Pedro Castillo desarrolla una estrategia defensiva que pretende incluir a la comunidad internacional. El 12 de este mes, el presidente y el canciller César Landa enviaron al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, una solicitud de activación de la Carta Democrática Interamericana, concretamente en lo que respecta a sus artículos 17 y 18.

Y eso fue lo que Castillo detalló en su mensaje a la nación de anoche, cuando reafirmó su inocencia en las investigaciones que, sobre él, sus familiares y personajes de su entorno más cercano, realiza la Fiscalía de la Nación; y que el Congreso se dispone a tomar como base para intentar concretar su suspensión como gobernante o el tercer intento para vacarlo de la Presidencia de la República.

La carta del Ejecutivo —de 11 páginas— relata hechos que, desde la óptica del Gobierno, demostrarían la intención del Congreso y del Ministerio Público de “alterar” el orden democrático peruano.

Estos son el discurso del “fraude” electoral. Además, el hecho de que el Congreso se opusiera a regular las figuras de la vacancia presidencial y la cuestión de confianza. Asimismo, se hace saber que el Pleno le negó al jefe del Estado autorización para viajar fuera del país.

El Ejecutivo añade en su lista de acciones que evidenciarían el peligro de interrupción democrática las solicitudes de vacancia presidencial. Hoy se juntan firmas para interponer una tercera, auspiciada por Edward Málaga. Este dijo que la moción que impulsa seguirá su camino.

Hoy a las 1:30 p.m. será la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA para analizar la situación peruana. Esta se transmitirá por las redes sociales de La República y LR+, en YouTube, Facebook y la página web.

Para el docente de la PUCP e internacionalista Óscar Vidarte, si bien en la carta del Gobierno solo se lee una parte de la historia, no deja de ser cierto que esa cara de la moneda tiene solidez. “Al margen de los actores, en el Perú se produce una afectación a la democracia desde todos lados. En este último año, desde la oposición ha habido un comportamiento poco democrático”, dijo, y estimó que el pedido del Gobierno “es válido”.

Sin embargo, el experto advirtió que para que una misión de la OEA tenga legitimidad entre los actores, debería contar con el respaldo de países importantes, como Estados Unidos. Por cierto, la figura de Almagro no es bien percibida por la oposición a Castillo. Además, hay un elemento interesante en la solicitud del Ejecutivo, que tiene que ver con el recuerdo de lo ocurrido en Bolivia en el 2008.

Al respecto, Vidarte explicó que en ese país hubo un acuerdo político entre el oficialismo con Evo Morales y la oposición, auspiciado por la OEA. Pero la diferencia con lo que se ve hoy en Perú, añadió, es que el Gobierno de Castillo también aparece —como la oposición— interesado en “pisar a la democracia”.

“Hay suficientes indicios y pruebas de comportamientos oscuros del presidente y su entorno, que tampoco están de acuerdo en respetar leyes y normas. En Bolivia no había esos cuestionamientos”, refirió.

Llamado de la CIDH

Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó al Estado peruano, en especial al Congreso y al Tribunal Constitucional, a “asegurar objetividad e imparcialidad, respetando el principio de legalidad y asegurando la separación y equilibrio de poderes”. Agregó que “urge a todos los poderes del Estado a que se abstengan de hacer llamados al uso arbitrario de la fuerza o al rompimiento institucional”.

Lo que dice la Carta Democrática

En su capítulo 4, denominado ‘Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática’, la Carta Democrática Interamericana dice:

Artículo 17. Cuando el Gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político institucional democrático o su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al secretario general o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática.

Artículo 18. Cuando en un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo del proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del Gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación. El secretario general elevará un informe al Consejo Permanente, y este realizará una apreciación colectiva de la situación y, en caso necesario, podrá adoptar decisiones dirigidas a la preservación de la institucionalidad democrática y su fortalecimiento.

La palabra

Luciano López, constitucionalista

“¿Y cómo ‘intervendría’ la OEA? El secretario general está convocando al Consejo Permanente para que decida ‘con consentimiento del Gobierno afectado’ si nos visita para ‘analizar la situación’”.