Comisión Montoya: informe final insiste en supuesto fraude electoral pese a pruebas en contra

La Comisión Investigadora del Proceso de Elecciones Generales 2021, presidida por el congresista Jorge Montoya, de Renovación Popular, remitió su informe final a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, en el cual, ignorando las investigaciones realizadas por los organismos electorales, concluye que existen presuntos indicios de infracciones constitucionales y delitos tipificados cometidos durante las elecciones del año pasado.

“Existen presuntos indicios de infracciones constitucionales y presuntos delitos tipificados en el Código Penal realizados por servidores públicos involucrados en el proceso electoral. (…) Se han detectado diversas irregularidades, en la actuación del JNE y de la ONPE, que justifican la realización de denuncias y una investigación por parte del Ministerio Público para descartar una actuación sistemática fraudulenta”, se detalla en el informe.

En este sentido, la Comisión Montoya, ignorando lo dispuesto por la Constitución, recomienda que se proceda con una denuncia contra los representantes de Jurado Nacional de Elecciones (Jorge Luis Salas Arenas) y la Oficial Nacional de Proceso Electorales (Piero Corvetto), cuando el artículo 99 de la Constitución Política del Perú establece claramente cómo y contra qué instituciones se puede recomendar una denuncia. Este artículo de la carta magna excluye al JNE y a la ONPE.

“Artículo 99°.- Corresponde a la Comisión Permanente acusar ante el Congreso: al Presidente de la República; a los representantes a Congreso; a los Ministros de Estado; a los miembros del Tribunal Constitucional; a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura; a los vocales de la Corte Suprema; a los fiscales supremos; al Defensor del Pueblo y al Contralor General por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas”, se lee en la Constitución, en cuyo citado apartado no están incluidos los dos organismos electorales antes mencionados.

Entre los actos que denuncia la Comisión Montoya están una incompleta composición del JNE, irregularidades en la inscripción del candidato presidencial de Perú Libre, indebida inscripción de la candidatura a la vicepresidencia de la República, indebida inscripción de la fórmula presidencial con una sola candidata a la vicepresidencia, la presunta vulneración al principio de seguridad jurídica e imparcialidad con la ampliación del plazo de presentación de solicitudes de nulidad de las mesas de sufragio, entre otros puntos detallados a lo largo de las 223 páginas que conforman este informe final en mayoría.

Comisión Montoya propone reformas normativas

Finalmente, la comisión presidida por Jorge Montoya propone una serie de propuestas de reforma normativa: “Se han identificado vacíos y defectos normativos para los cuales se proponen doce reformas constitucionales, diez reformas legales y una reforma constitucional y legal sobre la conservación de la cédula de votación”.

Entre las modificaciones se propone el rediseño del sistema político, refiriéndose al sistema de organizaciones políticas y el sistema electoral. También proponen superar los vacíos y las contradicciones normativas para lograr un proceso electoral con mayor legitimidad y respeto a la voluntad popular. Y plantean delimitar la competencia de los organismos del sistema electoral para emitir reglamentos sobre el proceso electoral.

Comisión gastó cerca de S/ 150.000 en cuatro meses

A mediados de febrero, La República expuso que, entre octubre de 2021 y enero de este año, la comisión investigadora del supuesto fraude en las Elecciones Generales 2021 le ha costado al Perú 148.478 soles, entre personal y otros gastos administrativos.

La República accedió a un informe elaborado por el área administrativa del Congreso de la República que precisa que, hasta enero de 2022, se destinaron 144.194 soles únicamente para el pago de los sueldos de dos asesores II (Roque Augusto Bravo Basaldua y Andrés Eduardo Salas Jaén) y dos técnicos (Daniel Ernesto Rodríguez Sánchez y Federico Guillermo Muñiz Salmón).

Bravo Basaldua y Rodríguez Sánchez ya han laborado anteriormente en el Parlamento, específicamente como asesor y técnico, respectivamente, de la comisión Lava Jato, que presidió la entonces fujimorista Rosa Bartra. El informe final del referido grupo de trabajo fue cuestionado por excluir de su acusación al expresidente Alan García y la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.