Congreso: Avanza País es la bancada que busca poner en jaque al Jurado Nacional de Elecciones
Justicia selectiva. Alejandro Cavero, quien excluyó a Manuel Merino del caso Inti y Bryan, y Rosselli Amuruz, quien desistió de denunciar a Digna Calle por abandono del cargo, son los únicos congresistas que impulsan un juicio político contra Salas Arenas.
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En el Congreso aguardan concretar su golpe contra la Junta Nacional de Justica (JNJ) para luego dar el zarpazo contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Y un papel clave viene jugando la bancada de Avanza País.
Dos congresistas de este grupo parlamentario impulsan denuncias constitucionales contra el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas.
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La semana pasada el congresista Cavero presentó una contra el magistrado Salas Arenas por supuestamente permitir la inscripción del partido Alianza Nacional de Trabajadores Agricultores Universitarios Reservistas y Obreros (Antauro).
El 1 de setiembre el ciudadano Óscar Balladares presentó una solicitud de tacha contra el partido de Antauro Humala.
El 13 de setiembre la Dirección Nacional de Registro de Organizaciones Políticas (ROP) declaró infundada esa tacha. Balladares apeló. pero el 23 de noviembre finalmente el pleno del JNE ratificó el rechazo.
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Con ello quedó el camino libre para que el partido de Antauro Humala ingrese al ROP.
Cavero culpa de ello a Salas Arenas. Lo cierto es que la resolución que declara infundada la tacha no es firmada por el magistrado.El 6 de noviembre el JNE aprobó que salga de vacaciones hasta el día 26 de ese mes. Mientras eso, fue reemplazado en la presidencia por la entonces magistrada Delia Espinoza.
Peligro a la vista
La resolución de sus vacaciones y la que ratifica el fallo en el caso del partido Antauro, evidencian que el magistrado Salas Arenas no tuvo injerencia en la inscripción de esa agrupación.
Cavero, pese a ello, insiste en someterlo a un juicio político. Los miembros del JNE no están comprendidos en el artículo 99 de la Constitución para recibir denuncias constitucionales, pero sí los jueces y fiscales supremos.
La intepretación a la que apela esta acusación se sostiene en un fallo del Tribunal Constitucional (TC) que abre la puerta a que las autoridades electorales sean pasibles de antejuicio y juicio político por funciones ajenas. Salas Arenas es miembro del JNE en representación de la Corte Suprema, pero está de licencia como juez supremo.
La denuncia de Cavero apunta a procesarlo en su condición de juez supremo por hechos supuestamente cometidos en el ejercicio de su función de miembro del JNE.
Y no es el único.
El 28 de febrero del 2023 la congresista y tercera vicepresidenta de la Mesa Directiva, Rosselli Amuruz, presentó una denuncia constitucional contra el titular del JNE por haber contratado al politólogo Fernando Tuesta y designado al abogado Vicente Sánchez como accesitario del exmagistrado Jorge Rodríguez Vélez.
Las denuncias de Cavero y Amuruz imputan infracciones constitucionales. Al tratarse de procesos de juicio político la máxima sanción es la inhabilitación pública.
Ambos han sido enfáticos en sus posiciones contra Salas Arenas. Distinto es en otros casos.
Cavero fue delegado en el caso Inti y Bryan. Su informe final excluyó al expresidente Manuel Merino de esta denuncia constitucional. Mientras que Amuruz decidió el 5 de diciembre del año pasado retirar su denuncia constitucional contra su colega de Podemos Perú, Digna Calle, quien se fue medio año a Estados Unidos gracias a las licencias que le otorgó la Mesa Directiva.
Así es como se mide la justicia en Los Pasos Perdidos.
