Legislador plantea sistema de jueces y fiscales sin rostro
Oscurantismo. Juan Burgos presenta proyecto para casos asociados al crimen organizado. Víctor Cubas y Cruz Silva subrayan inviabilidad de la propuesta por ir en contra de la Constitución y los pronunciamientos de la Corte IDH.
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Una vez más en el Congreso pretenden resolver grandes problemas públicos con una ley como varita mágica. En esta ocasión, le tocó al legislador representante de La Libertad Juan Burgos Oliveros, quien presentó una iniciativa legislativa para implementar en el Perú un sistema de jueces y fiscales sin rostro para casos asociados a la criminalidad organizada.
El proyecto presenta problemas de constitucionalidad, según advierten el exfiscal supremo Víctor Cubas Villanueva y Cruz Silva del Carpio, del programa Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL).
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La iniciativa fue tramitada el miércoles último por Juan Burgos, quien llegó al Congreso con la bancada Avanza País y ahora forma parte del grupo Unidad y Diálogo. Acompañan con sus firmas Katy Ugarte (ex Perú Libre) y el arequipeño Esdras Medina (ex Renovación Popular).
Proyecto sin argumentos
En su propuesta, Burgos plantea autorizar la creación de “tribunales sin rostro para la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales”.
En términos de modificaciones específicas, el legislador solo apunta a la Ley 30077 (ley contra el crimen organizado). Actualmente, el artículo 6 de dicha norma establece que todo proceso seguido contra integrantes de una organización criminal se considera complejo.
Ahora, Burgos propone agregar dos párrafos para mantener en reserva la identidad de los jueces y fiscales, quienes tampoco estarían obligados a firmar sus resoluciones.
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Hay un párrafo final en el que el legislador pretende encargar al Poder Judicial la redacción de códigos para los jueces y fiscales sin rostro. Eso es todo. A pesar de la complejidad del tema, Burgos solo desarrolla seis páginas de exposición de motivos, con un recuento de notas periodísticas y una interpretación errónea de la Constitución.
Texto inconstitucional
La abogada e investigadora del programa Justicia Viva del IDL, Cruz Silva del Carpio, advierte que este proyecto va en contra de dos principios fundamentales regulados en la Constitución: el derecho al debido proceso y las garantías de un sistema de justicia independiente.
“Ya hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que indican que el sistema de los jueces sin rostro viola la independencia del sistema de justicia y los derechos humanos”, comenta.
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“Tener jueces sin rostro imposibilita que el procesado conozca quién lo juzga y no podría recusarlo cuando hay sospecha de que no está siendo imparcial”, explica, por su parte, Víctor Cubas Villanueva.
El exfiscal supremo recuerda que este sistema ya se aplicó tras el golpe del 5 de abril, con el decreto ley 25475, “y esa legislación fue declarada violatoria de un conjunto de principios que rigen el desarrollo de la función jurisdiccional, y todos los procesos con jueces sin rostro fueron declarados nulos”.
Según recalca, en el Congreso hay una práctica muy generalizada de pretender legislar sin conocimiento “sobre el sistema jurídico”. Cubas subraya que “la existencia de jueces sin rostro es incompatible con un sistema de justicia propio de un Estado constitucional de derecho”.
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Cruz Silva del Carpio, por su parte, sostiene que si el Congreso tiene real interés en atender los problemas de fondo, podría apuntar a las instituciones como la Policía. “La criminalidad avanza cuando no hay control en las instituciones que están melladas por la corrupción”, enfatiza.
Reacciones
Víctor Cubas Villanueva, exfiscal supremo
“El sistema de jueces sin rostro fue introducido por Fujimori en el Perú, después del golpe de Estado del 5 de abril. Pero luego todos los procesos con jueces sin rostro fueron declarados nulos”.
Cruz Silva del Carpio, Justicia Viva-IDL
“Esta es una propuesta populista, propia de regímenes autoritarios, y grafica aún más el carácter autoritario del actual Parlamento. El proyecto viola disposiciones de la propia Constitución”.
