Congresistas con denuncias por presuntos delitos en ejercicio de sus funciones
Infractores. Presuntos 'mochasueldos', acusados de violación, traficantes de influencias, conspiradores para el intento de golpe de Castillo, entre otros, hay al menos 16 parlamentarios que son investigados por supuestis delitos cometidos después de que fueron electos.
Al menos 16 congresistas tienen denuncias pendientes ante la Fiscalía y la Comisión de Ética por presuntos delitos cometidos durante el ejercicio de su función legislativa. De ellos, el excongresista Freddy Díaz cumple nueve meses de prisión preventiva por el presunto caso de violación sexual en agravio de una extrabajadora de su despacho, que habría ocurrido el año pasado dentro de las instalaciones legislativas del Centro de Lima.
El parlamentario Enrique Wong (exmiembro de Podemos Perú) fue suspendido en el ejercicio del cargo y descuento de sus haberes por 120 días, con 65 votos a favor, 28 en contra y 24 abstenciones, por presunto delito de tráfico de influencias, al recomendar ante el exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, a su exasesor Manuel Talavera Valdivia para que asuma la presidencia del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).
Pese a que en el Congreso hubo una sanción mínima con sensación de blindaje a los congresistas denominados 'mochasueldos', la Fiscalía de la Nación sigue la investigación a los parlamentarios acusados como presuntos autores del delito de concusión, por supuestos cobros irregulares que habrían realizado a los trabajadores de su despacho.
El primer caso fue el de Magaly Ruiz (Alianza para el Progreso), acusada por Carlos Marina Puscán, de cobrarle S/1.500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, mesa de trabajo que era presidida por ella.
También está la parlamentaria Katy Ugarte (no agrupada), quien habría recortado los sueldos de trabajadores de su despacho para pagar publicaciones en prensa que mejoraran su imagen en su región, Cusco, según reveló el programa periodístico “Cuarto Poder”.
En el caso de la legisladora Rosio Torres (Alianza para el Progreso), fue denunciada en el programa “Punto Final” por haber obligado a cinco trabajadores de su despacho a depositar parte de sus salarios a su sobrino.
A las congresistas María Acuña (Alianza parta el Progreso), Heidy Juárez (Podemos Perú) y María del Pilar Cordero Jon Tay (Fuerza Popular) la Fiscalía de la Nación también les abrió investigación preliminar como presuntas autoras del delito de concusión por los supuestos cobros irregulares que habrían realizado a los trabajadores de su despacho.
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Por el recorte de sueldo para supuestas donaciones, la Procuraduría General del Estado presentó denuncia ante la Fiscalía contra los congresistas José Arriola (Acción Popular) y Edgar Tello (Bloque Magisterial de Concertación Nacional), por presunto recorte de sueldos a sus trabajadores.
En el caso de Tello, el programa "Punto Final" reveló que la esposa del congresista, Sonia Suárez, habría financiado su viaje a Alemania con dinero del personal del despacho de su cónyuge.
Más investigaciones
Otros que habrían cometido delitos en el ejercicio de su función legislativa son los congresistas Betssy Chávez (ex premier que cumple 18 meses de prisión preventiva) y Roberto Sánchez, investigados por el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo.
La Fiscalía de la Nación recabó información en el Congreso sobre los documentos y comprobantes que presentaron Javier Padilla (Renovación Popular), Silvana Robles (Perú Libre) y Raúl Doroteo (Acción Popular), quienes son investigados por pedir irregularmente reembolsos de gastos en combustible durante días que no cumplían sus funciones como parlamentarios.
Según el Ministerio Público, habrían presentado esos documentos “para que se les reembolse el monto de dinero presuntamente gastado por concepto de combustible, en distintas oportunidades entre mayo de 2022 y febrero de 2023”.
Un caso pendiente es el de Digna Calle (Podemos Perú). En la Comisión de Ética del Congreso de la República se aprobó denunciar de oficio a la parlamentaria, con 13 votos a favor y una abstención. La parlamentaria se encuentra en Estados Unidos desde hace más de cuatro meses, pero participa en las votaciones que realiza la representación nacional.
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Archivan casos
Cabe precisar que, en el caso de Los Niños, los parlamentarios también fueron investigados por presuntos delitos cometidos en este período legislativo, pero la Fiscalía emitió una disposición en la que se concluía que no había mérito para investigar a los 40 congresistas involucrados, argumentado que no habían encontrado pruebas de las declaraciones de Zamir Villaverde, quien aseguró haber pagado US$3.500 a varios legisladores para evitar la censura del entonces ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva.
Hay otro grupo de parlamentarios que tienen investigaciones fiscales, por presuntos delitos cometidos antes de asumir su labor legislativa, pero no es materia de este informe. Uno de ellos es Jorge Flores Ancachi (AP), quien tiene pedido de 10 años de prisión.
