ANGR advierte que el Congreso quiere subordinar a los Gobiernos regionales

El martes, en la sesión de la Comisión de Constitución, se empezó a debatir una propuesta según la cual los gobernadores y alcaldes podrían ser vacados en caso de que no se cumpla con proceder con los pedidos de información provenientes de los congresistas.

De aprobarse este proyecto, la vacancia no sería ejecutada por el Congreso —esta figura no procede en el caso de autoridades subnacionales—, pero se dejaría la puerta abierta para que el concejo, regional o municipal, proceda con la misma.

Se trata de una idea que ha alertado a los gobernadores.

Por ejemplo, el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) y gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, advirtió que la medida busca que los Gobiernos regionales “pasen a ser subordinados del Congreso, lo cual resulta ser muy preocupante”.

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Sánchez añadió que, si este predictamen fuese finalmente aprobado, “se acabaría la descentralización” y sería “un gran atentado en contra de la autonomía regional”.

“Más bien habría que preocuparse por atender otras urgencias y normas para fortalecer la descentralización, la gobernanza y el desarrollo de las regiones, pero con eso se quieren traer abajo todo el proceso de descentralización”, insistió el titular de la ANGR.

Sánchez declaró que todo parece sugerir que se “pretende imponer una dictadura desde el Poder Legislativo”, cuando lo que se necesita, más bien, es “articular el trabajo de los tres niveles de Gobierno”.

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Por su parte, el gobernador del Cusco, Werner Salcedo, sostuvo que el hecho de que el Parlamento quiera “tener injerencias en los Gobiernos regionales y los Gobiernos locales muestra espacio de desesperación y de seguir buscando un desorden”.

“Puedo aceptar que haya fiscalización, todo lo que corresponde en la lucha contra la corrupción, pero irse en contra de la voluntad de un pueblo que elige a sus autoridades democráticamente ya es injerencia y esta no cuenta con mi respaldo, sino con mi rechazo; es una intromisión, desde mi punto de vista”, manifestó Salcedo.

Salcedo exigió que el Legislativo trabaje en beneficio de las regiones “y no en temas que solo causan esta división y maltrato a las instituciones públicas”.

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Cabe señalar que el predictamen busca incorporar en el artículo 30 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y en el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades una causal adicional para la vacancia de las autoridades regionales y municipales: la renuencia injustificada de cumplir los mandatos del Congreso en el ejercicio de su potestad fiscalizadora y de control político.

“Una mirada superficial podría decir que el Congreso quiere hacer todo un control, pero eso no es así porque quien lo ejerza y quienes decidan si la vacancia es razonable serán los concejos regionales o municipales”, argumentó el martes el presidente de la Comisión de Constitución, Hernando Guerra García (Fuerza Popular).

Fue secundado por su colega parlamentario Alejandro Cavero (Avanza País): “No es una vacancia automática del Congreso frente a un alcalde o gobernador, porque eso no es posible, es inconstitucional, pero, si un gobernador o alcalde no responde, su concejo puede tener una causal que en su momento se evaluará”.

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Sin embargo, otros legisladores presentes advirtieron que la medida era desproporcionada y peligrosa. 

El proyecto pasó a un cuarto intermedio frente a las opiniones cruzadas que se escucharon en la sesión de la comisión. Podría retomarse el viernes.

ANGR evaluará la situación el viernes

“Nosotros el día viernes vamos a tener un consejo directivo y ahí es que vamos a evaluar esta situación. Pero la posición es muy clara: el Poder Legislativo quiere concentrar poderes. Esta propuesta es, en esencia, una subordinación”, señaló el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y gobernador de Arequipa, Rohel Sánchez, respecto del predictamen que pretende incluir como causal de vacancia de las autoridades regionales y municipales el incumplimiento en la entrega de los pedidos de información que realizan los legisladores como parte de sus funciones de control político.