Congreso: SAC tiene 15 días para investigar a cuatro legisladoras ‘mochasueldos’
Más casos. También aprueban denuncia contra Betssy Chávez, investigación a Martín Vizcarra y salvan a Dina Boluarte.
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La Comisión Permanente del Congreso aprobó otorgar 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) para investigar a las legisladoras María Acuña Peralta, Rosio Torres, Magaly Ruiz (las tres de la bancada de Alianza para el Progreso) y Katy Ugarte (no agrupadas), acusadas de presunto recorte de sueldos a trabajadores de sus despachos.
En el caso de Acuña Peralta se pensaba que podría ser blindada, pero la votación fue de 19 a favor y cero en contra.
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Sobre la hermana de César Acuña, se hizo público un audio de la legisladora negociando con uno de los trabajadores de su despacho en Chiclayo para evitar ser denunciada.
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La víctima señaló que solo ganaba S/1.000 como coordinador de la Oficina Descentralizada de Acuña Peralta, en la ciudad de Lambayeque, cuando su remuneración, según lo establecido, debía ser de S/4.000.
Asimismo, con 18 votos a favor y uno en contra, se aprobó la denuncia de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, contra la exministra Betssy Chávez por presunto tráfico de influencias agravado, pues habría favorecido a familiares de su pareja, Abel Sotelo Villa.
También se otorgó a la SAC el plazo de 15 días hábiles para investigar y presentar informe final de la denuncia constitucional contra el expresidente Martín Vizcarra y la exministra de Salud Pilar Mazzetti Soler; en ambos casos por presunto delito de concusión.
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Están acusados de haberse beneficiado irregularmente con las vacunas contra el COVID-19 elaboradas por el laboratorio chino Sinopharm, que eran usadas en los ensayos clínicos que se daban en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Este caso fue bautizado como Vacunagate.
Betssy Chávez ya es investigada por su presunta participación en el intento de golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Foto: PCM
Salvan a Boluarte
Al inicio de la sesión, la Comisión Permanente envió al archivo ocho denuncias constitucionales declaradas improcedentes, entre ellas la acusación contra la presidenta de la República, Dina Boluarte, por su presunta responsabilidad por las muertes producto de la represión policial en las protestas que exigían la renuncia de la jefa del Estado y el cierre del Parlamento.
La congresista Sigrid Bazán pidió votar una reconsideración, pero fue declarada improcedente y pasó al archivo.
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