Boluarte sobre informe CIDH: "Rechazamos calificación de 'ejecuciones extrajudiciales' y 'masacre'"
Mandataria negó, en contrariedad con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que existan hechos discriminatorios en el debate público.
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La presidenta Dina Boluarte se pronunció sobre el informe final presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con respecto a la situación de la dignidad humana durante las protestas sociales contra su Gobierno y el Congreso de la República. La primera mandataria rechazó la "calificación de 'ejecuciones extrajudiciales' y 'masacre'", tal como la CIDH consideró a los hechos acaecidos en Juliaca y Puno, respectivamente.
También, negó la existencia de acciones discriminatorias en el debate público, como concluye la Comisión en el punto 292. "Esta presidenta, que viene del sur, en reiteradas veces ha señalado su respeto a la diversidad cultural, a nuestra historia, a nuestras costumbres. En este Gobierno no hay ningún hecho de discriminación por razones de raza, religión ni de otra índole", dijo en conferencia de prensa. Sin embargo, el organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA) advirtió que se enuncia a personas indígenas y campesinas como "terroristas", "terrucos", "senderistas", "cholos", "indios", "entre otras formas despectivas".
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La sucesora de Pedro Castillo continuó en defensa de las fuerzas del orden. Volvió a decir que "las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú siempre estarán al servicio de la sociedad para proteger su integridad". Los comisionados identificaron que la mayoría de fallecidos y heridos producto del "uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza" sufrieron lesiones en la parte superior del cuerpo al ser impactados por balas de armas de fuego o perdigones. Algunos de ellos ni siquiera se sumaron a las demandas poblacionales. Solo transitaban por el lugar.
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Boluarte Zegarra también resaltó la labor del Ministerio Público de Patricia Benavides Vargas. Contó que "ha conformado un equipo especial de derechos humanos", pero, como informó este medio de comunicación, los despachos abocados al tema fueron desmantelados y la junta de fiscales se circunscribió a Lima. De hecho, a la CIDH le preocupa el uso de políticas contra el terrorismo para criminalizar a "los líderes y participantes de manifestaciones y protestas".
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"Las políticas contra el terrorismo o crimen organizado no deben legislarse de modo tal que restrinjan los derechos humanos y generen un efecto inhibitorio generalizado para el ejercicio de los derechos de reunión, asociación, libertad de expresión y derechos políticos", dice el texto en su eje 253.
