María del Carmen Alva aprobó disposición que la beneficiaría más adelante: ¿hay ‘conflicto de intereses’?

La ya concluida Mesa Directiva que presidía la congresista María del Carmen Alva volvió a ser el centro de críticas tras haber aprobado un acuerdo con el que extitulares del Congreso podrían acceder a una remuneración parlamentaria de más de 12.000 soles en caso de volver a laborar en el Legislativo en calidad de personal de confianza bajo la excusa de que “cuentan con una experticia invaluable en el trabajo del Parlamento nacional”.

Esta norma tiene requisitos en específico. Por ejemplo, se aplicaría solo a presidentes que hayan culminado su mandato de manera exitosa, como Alva, y abre el camino para que congresistas cuestionados que han asumido la presidencia del Legislativo puedan volver al Parlamento con un sueldo que va desde los S/ 12.391 y S/ 13.637. Ante esta decisión, ¿se estaría incurriendo en un posible conflicto de intereses?

Según el constitucionalista Heber Campos, “más que un conflicto de intereses, se trata de una medida impertinente”, y que no contribuye a “la imagen de propiedad y transparencia y, sobre todo, un compromiso con el interés público”.

Esta información también la complementa Ana María Vidal, experta en temas constitucionales, quien señala que con este acuerdo “están mostrando que han entrado ahí solo para asegurar su estabilidad económica. Están demostrando que los que buscan entrar al Congreso y quienes han planteado este acuerdo lo están haciendo solo como un beneficio económico personal, y no están haciendo el servicio a la ciudadanía”.

Un atropello a la meritocracia bajo la excusa de la experiencia

Otro tema importante que alertaron ambos especialistas es la posibilidad de que se brinde a estos funcionarios ventajas que resultan inapropiadas. Campos recuerda que, más allá de ser expresidentes del Legislativo, son congresistas, los cuales, “una vez culminados sus mandatos, se convierten en ciudadanos como cualquier otro (...). Darles esta ventaja desde el Congreso, no me parece apropiado. Entiendo que el fundamento ha sido su experiencia, su experticia, pero me parece que, más allá de eso, el mensaje que se transmite no es el mejor, sobre todo ahora, en donde nos encontramos en medio de una crisis política”.

La constitucionalista Vidal también es enfática con los delitos en los que se estaría incurriendo con esta norma. Para ella, este acuerdo, además de constituir un conflicto de intereses, es una medida que atropella a los derechos laborales; pues, si bien el cargo en el que se desempeñarían los exparlamentarios es un puesto que se obtiene en condición de personal de confianza, “la medida incluso va en contra de los otros congresistas, que no participan en la Mesa Directiva”, y genera una desigualdad de posibilidades y trasgrede el derecho a la libertad de trabajo.

Medidas para evitar el acuerdo

Ambos profesionales presentan distintas maneras de evitar que esta disposición llegue efectuarse una vez culminado el actual periodo parlamentario. Heber Campos propuso, en primer lugar, pero más improbable, la posibilidad de que esta disposición sea cambiada mediante un acuerdo de la misma Mesa Directiva.

“Podría ser revocado por la Mesa Directiva actual. En el derecho, las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen: un nuevo acuerdo podría revocar los términos de este”, indica.

En segundo lugar, también señala que esta medida podía ser debatida por el Pleno del Congreso, pues esta es la “máxima autoridad deliberativa según el reglamento”, y “podría ser revisada a través de una moción, un pedido o un acuerdo del Pleno. Se podría solicitar a la Mesa Directiva que revoque esto”, explica.

Por su parte, Ana María Vidal propone una opción que podría provenir desde otro poder del Estado, el Poder Judicial. Según Vidal, la decisión adoptada por Alva se podría frenar mediante medidas que van desde la inaplicancia hasta el planteamiento de una demanda de amparo “para demostrar esta inconstitucionalidad, porque recordemos que frente a acciones inconstitucionales pueden plantearse demandas de inconstitucionalidad. En este caso, podría ser un amparo para demostrar cómo se está vulnerando en la Constitución el principio de no discriminación y el principio de igualdad”.