Alva recurrió a su escaño para votar a favor del informe que recomienda acusar a Pedro Castillo
La acciopopulista María del Carmen Alva fue una de las primeras congresistas en emitir su voto a favor del informe presentado por la Comisión de Fiscalización, el cual fue aprobado por el Pleno del Congreso.
La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, recurrió a su escaño para votar a favor del informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda acusar constitucionalmente al jefe de Estado, Pedro Castillo, por estar aparentemente inmiscuido en presuntos actos irregulares, el cual fue aprobado por el Pleno.
Durante la votación, dirigida por el segundo vicepresidente de la Mesa Directiva, Enrique Wong, la acciopopulista fue una de las primeras en revelar su voto, el que finalmente formó parte de las 72 curules que respaldaron el reporte presentado y sustentado por el fujimorista Héctor Ventura.
El informe contra el presidente Pedro Castillo también obtuvo el apoyo de las bancadas de Fuerza Popular, Acción Popular, Renovación Popular, Avanza País, Renovación Popular y Somos Perú. A ellos, se sumaron los congresista no agrupados Carlos Anderson, Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga.
PUEDES VER: Zamir Villaverde presentó 3 nuevos audios cuyo contenido revela entregas de dinero a Pedro Castillo
En cambio, 40 congresistas, la mayoría aliada al presidente Pedro Castillo, rechazaron el reporte de la Comisión de Fiscalización, y ninguno se abstuvo.
Recomendaciones del informe por caso Sarratea
El informe elaborado por el grupo de trabajo parlamentario presidido por Héctor Ventura recomendó que la Comisión Permanente del Parlamento formule una acusación constitucional ante el Pleno contra Pedro Castillo por los delitos de organización criminal, negociación incompatible, tráfico de influencias y colusión.
PUEDES VER: Congreso: pleno aprueba retorno de la bicameralidad, pero no supera los 87 votos para omitir referéndum
Asimismo, el documento de esta comisión indica que se le extienda la información a la Fiscalía de la Nación, con la finalidad de que inicie las investigaciones correspondientes contra el jefe de Estado y aquellas personas que también resulten responsables de los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, negociación incompatible o aprovechamiento indebido en el cargo y enriquecimiento ilícito en relación con el caso Sarratea.
