Congresistas de Estados Unidos piden que Perú rinda cuentas por derechos humanos
Medidas. Grupo de 15 parlamentarios considera que Dina Boluarte se hace “la desentendida” ante la muerte de 49 personas durante manifestaciones. Especialistas advierten que, si no se revierte, puede haber consecuencias graves para la seguridad en la región y suspensión de programas de cooperación.
La impunidad y falta de investigación ante la muerte de 49 personas en las protestas contra Dina Boluarte han causado preocupación en un importante sector del Congreso de Estados Unidos. Mediante un documento oficial, 15 legisladores del Partido Demócrata de Estados Unidos pidieron al Gobierno de Joe Biden que haga rendir cuentas a las autoridades peruanas por las muertes durante las protestas que vivió el país entre diciembre y marzo pasado.
En la carta enviada al secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, y a la embajadora de Estados Unidos en Perú, Lisa Kenna, los congresistas norteamericanos manifiestan que, de acuerdo a los peritajes, las muertes se originaron por el uso excesivo de armas por parte de las fuerzas policiales, y ante ello la presidenta Dina Boluarte “prefirió hacerse la desentendida”.
Los legisladores consideran que Estados Unidos “tiene la responsabilidad” de trabajar con los líderes de Perú y su sociedad civil para garantizar que los responsables de esas muertes y de otras violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la Justicia. Dicen que “no actuar en defensa de los derechos humanos empeorará la inseguridad en la región y aumentará la migración irregular”.
Sostienen que la falta de rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas y la PNP, “responsables del uso desproporcionado y letal de la fuerza en contra de los manifestantes, refleja la corrupción y la impunidad subyacentes que han socavado la democracia del Perú”.
Recomiendan sanciones
Los parlamentarios piden al Departamento de Estado que tome medidas para proteger los derechos humanos en el Perú, siendo la más drástica la suspensión temporal de los ejercicios conjuntos o la colaboración entre Estados Unidos y las fuerzas de seguridad peruanas, hasta que haya una investigación que determine qué unidades peruanas estuvieron implicadas en violaciones de derechos humanos.
Recomiendan que se «restrinja ayuda adicional» a aquellas unidades de las fuerzas de seguridad que hayan cometido violaciones de derechos humanos y que se apoye la creación de un mecanismo de seguimiento, tal y como ha recomendado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), esclarecer lo sucedido durante las protestas, tal como se hizo en México y Bolivia.
Parlamento Estados Unidos. Advierte situación de impunidad ante muertes en manifestaciones. Foto: AFP
“Consecuencias graves”
El exprocurador anticorrupción Antonio Maldonado manifestó a La República que se trata de un documento de crucial importancia en las relaciones entre Estados Unidos y el Perú.
“Desde la dictadura de Fujimori, un grupo importante y representativo del Congreso de Estados Unidos no se había pronunciado de forma tan fuerte y rigurosa frente a una situación de impunidad, debido a la falta de transparencia, veracidad y ausencia de rendición de cuentas de los líderes políticos (Ejecutivo y Congreso) y de la jerarquía militar y policial, en un contexto de deterioro de las instituciones, captura del Estado por la corrupción y de ataque a los órganos electorales”, señaló.
Maldonado comentó que, si no se revierte esta situación, “habrá consecuencias muy graves para la seguridad en la región, la migración irregular y los actores autoritarios (como Nicaragua, El Salvador y Venezuela)”.
“Ante la ausencia de rendición de cuentas por parte de los líderes políticos y jerarcas militares y policiales, proponen el recorte o suspensión de asistencia militar y técnica. También la suspensión de los programas de cooperación internacional en el Perú que se ejecutan a través de la Usaid, una medida que tendrá un efecto dominó sobre otras agencias y programas de cooperación internacional, como la que se implementa por medio de la Unión Europea, Suiza o Japón”, explicó.
Maldonado considera que la carta “tendrá un impacto desfavorable en el proceso de incorporación del Perú en la OCDE, mencionado en el discurso de Boluarte”.
Precisa que el documento reitera la falta de legitimidad del Gobierno de Boluarte y la crisis institucional del Estado de derecho en el Perú, “situación de la cual son responsables, además, todo el Congreso, los jerarcas militares de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional y todos los partidos políticos vigentes que han demostrado no estar a la altura de las circunstancias, que son cómplices de una situación de impunidad generalizada por medio de la captura de instituciones del Estado y de ataque a los organismos independientes y de la impunidad por el abuso del poder y la inacción de la fiscal de la Nación, que hace tiempo ha debido ser investigada por la Junta Nacional de Justicia”.
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Para el exministro de Relaciones Exteriores Miguel Rodríguez Mackay, la carta no tiene efecto jurídico, “pero políticamente es una muy mala señal, que confirma la pésima imagen del Gobierno de Dina Boluarte y es una señal de que vendrán imputaciones internacionales sobre la mandataria y otras autoridades ante instancias judiciales internacionales por violación de derechos humanos, asomando la sombra de la denuncia en la Corte Penal Internacional”, anotó.
Añadió que “al parecer o no le han dicho a la presidenta su dimensión posterior o no le están dando el nivel de preocupación que esta situación demandará para ella. Así, ni crea que vamos a ingresar en la OCDE ni que Estados Unidos nos va a exonerar de visa para ingresar en su territorio”.
Datos
Responsables. El grupo de congresistas que envió la carta a Blinken está liderado por Joaquín Castro, el demócrata de mayor rango en el subcomité para Latinoamérica de la Cámara Baja de Estados Unidos, y Sydney Kamlager-Dove, representante de California.
Protestas. Las autoridades norteamericanas advierten que las protestas contra Boluarte se reactivaron y se han registrado enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas del orden.
La carta de 15 congresistas
Legisladores de Estados Unidos le exigen sanciones en esta misiva al secretario de Estado, Antony Blinken.