Más de 400 acusados de corrupción en obras de reconstrucción
La raíz del mal. Regiones que reciben más fondos públicos para reconstruir o rehabilitar obras públicas son las que cuentan con el mayor número de servidores denunciados: 105 de La Libertad, 76 de Lambayeque y 55 de Piura. No solo se trata de transferir dinero, sino también de reducir la corrupción.
La Municipalidad Provincial de Chiclayo, Lambayeque, encabeza la lista de funcionarios denunciados penalmente por actos de corrupción en la ejecución de obras públicas financiadas con fondos de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Son 35 los servidores ediles chiclayanos a quienes se atribuye haber actuado en beneficio de los contratistas y en agravio del Estado.
En el caso de la Municipalidad Distrital de Olmos, también ubicada en la región Lambayeque, son 32 los funcionarios públicos a quienes se les imputa actos ilegales en la administración y supervisión de los proyectos de infraestructura con fondos asignados por la ARCC.
Según la base de datos de la Contraloría General de la República sobre funcionarios públicos denunciados penalmente en todo el país, la Municipalidad de Sánchez Carrión ocupa el tercer lugar. Cuenta con 26 servidores ediles denunciados por haber afectado con actos ilícitos la ejecución de obras públicas que recibieron transferencias de la ARCC.
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El problema no es el dinero, sino la corrupción.
En 2017, el año de su fundación, la ARCC recibió un presupuesto de 3 millones 214 mil 587 soles. Para 2022, el monto saltó a los 3 mil 605 millones de soles. Y este año creció un poco más: 4 mil 668 millones de soles, de acuerdo con datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Sin embargo, el resultado de la multimillonaria inversión en 6 años en 13 regiones del territorio nacional no parece haber servido de mucho.
Desafío. No se trata de transferir fondos, sino de que estos cumplan con su función. Foto: URPI/La República
Las imágenes de los desastres causados por las recientes lluvias, huaicos, deslizamientos, desbordes e inundaciones, precisamente en las zonas donde debieron haberse construido obras de prevención con los fondos de la ARCC, demuestran que algo no funcionó. La ingente transferencia de fondos públicos a ministerios, gobiernos regionales y alcaldías provinciales y distritales no produjeron el efecto deseado de mitigar el impacto de las precipitaciones. Una de las razones que explicarían la situación es que los funcionarios encargados de la ejecución de los fondos públicos no cumplieron con su deber.
La República revisó y analizó la base de datos de funcionarios denunciados por presuntos actos de corrupción en proyectos cubiertos con fondos transferidos por la ARCC, y detectó que los casos más frecuentes en los que incurrieron los servidores involucrados son:
-Contratación indebida: los implicados adjudicaron el contrato a una o varias empresas que no calificaban.
-Alteración del contrato: los denunciados en confabulación con los contratistas cambiaron los términos originales del contrato para favorecer a estos con adelantos de dinero, alteración de las fechas de entrega de los avances de la obra y otras regulaciones.
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-No cobrar las penalidades: los acusados pasaron por alto deficiencias o faltas de las empresas en el cumplimiento del contrato y no les aplicaron las sanciones económicas correspondientes.
-Falta de fiscalización: los funcionarios responsables incumplieron con la función de verificar si los contratistas ejecutaron las obras según los términos del contrato.
-Incumplimiento del contrato: los involucrados recibieron las obras sin que estas estuvieran terminadas.
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Modalidad. Funcionarios denunciados favorecieron a empresas. Foto: Andina
De acuerdo con fuentes de la Contraloría, frecuentemente este tipo de conducta de los funcionarios públicos denunciados penalmente responde a que recibieron dinero o prebendas por parte de los contratistas.
“Se sigue aumentando la transferencia de fondos de la ARCC a los gobiernos regionales y locales, como si la mayor cantidad de dinero solucionara el problema. Sin embargo, si no se fortalece la fiscalización, la transparencia, la rendición de cuentas de las autoridades, esos fondos no van a cumplir su propósito. Se debe aprovechar que este 2023 han iniciado funciones nuevas autoridades para lanzar una cultura contra la corrupción”, señalaron fuentes de la Contraloría a La República.
Cuando asumió funciones la directora ejecutiva de la ARCC, Rosmary Cornejo Valdivia, el 11 de enero de este año, encontró un verdadero desastre. Centenares de obras inconclusas, proyectos paralizados y empresas que abandonaron la ejecución de infraestructuras.
Cornejo reconoció que prefirió darle prioridad a la reactivación de la habilitación de escuelas y centros de salud. No fue la mejor opción. El paso del ciclón Yaku, que desató lluvias infernales, dejó en evidencia que pudo haber sido mejor elegir reactivar las obras de prevención y mitigación. Después que el Ejecutivo anunciara que haría un cambio profundo de la ARCC, Cornejo renunció al cargo.
Empero, no es cuestión de personas.
“Quizás sea posible contratar al mejor gestor del mundo, pero si no se erradica la corrupción, no podrá hacer mucho. Deben aplicarse mecanismos anticorrupción que contribuyan a que los fondos públicos se gasten correctamente y cumplan con su función. De lo contrario, seguiremos en el mismo círculo vicioso”, explicó por su parte una fuente de la ARCC.
Entre 2017 y 2022, un total de 105 servidores públicos de la región La Libertad fueron denunciados penalmente por actos de corrupción. Sin embargo, el ARCC ha previsto transferir este año a La Libertad más de 1.278 millones de soles para financiar obras públicas.
Renuncia. Extitular de la ARCC Rosmary Cornejo Valdivia. Foto: difusión
En el caso de la región Lambayeque, 76 funcionarios han sido acusados por ilícitos penales. Para 2023, la ARCC ha proyectado transferir 367,6 millones de soles al Gobierno regional y municipios locales lambayecanos.
Y en cuanto a Piura, son 55 los servidores públicos denunciados penalmente. Para este año, la ARCC ha previsto una transferencia de 944 millones de soles para las autoridades regionales y locales piuranas.
De no reforzarse la fiscalización, toda inversión será dinero por nada.
Solo tres ejemplos de mala práctica
El Gobierno Regional de Piura contrató al Consorcio Vial Piura para que reconstruya la carretera La Islilla por S/33,5 millones; sin embargo, las empresas no cumplían con los requerimientos técnicos.
Funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima no intervinieron a la empresa contratada para rehabilitar un puente en el Malecón Checa por S/10,3 millones, lo que afectó el retraso de la entrega de la obra a miles de ciudadanos.
Servidores de la Municipalidad Distrital de Jangas (Huaraz, Áncash) adjudicaron una obra a una empresa que ofreció el precio más alto y que presentó documentos incompletos. Había colusión entre los funcionarios y los empresarios ediles.
Cifras
- S/1.278 millones asignó la ARCC para obras en La Libertad en 2023.
- S/944 millones asignó la ARCC para obras en Piura en 2023.
- S/367 millones asignó la ARCC para obras en Lambayeque en 2023.
El dato
La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios siempre ha contado con fondos públicos para la ejecución de obras, pero el problema son los altos niveles de corrupción en los gobiernos regionales y locales.
