Dina Boluarte: ONPE pide información a exasesora sobre el supuesto financiamiento en campaña
La entonces candidata a la vicepresidencia por Perú Libre habría recibido dinero de Henry Shimabukuro.
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Indagación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) pidió a Maritza Sánchez Perales, exasesora de la presidenta Dina Boluarte, la información que tiene sobre los supuestos aportes en campaña electoral de Henry Shimabukuro, sindicado como parte del Gabinete en la Sombra.
Mediante un oficio, la gerenta de supervisión de fondos partidarios de la ONPE, Elena Mercedes Tanaka Torres, le solicitó a la profesora Sánchez que emita su respuesta mediante el canal virtual o en la sede del jr. Washington. Su testimonio será considerado como “declaración jurada“.
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Oficio de la gerenta de supervisión de fondos partidarios de la ONPE. Foto: La República
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La persona encargada de organizar la agenda de Boluarte Zegarra en sus tiempos de aspirante a la vicepresidencia deberá detallar fechas, conceptos e importes por cada aporte, según indicación del órgano electoral.
Con anterioridad, El Foco expuso la proximidad de Maritza Sánchez con la ahora primera mandataria. Su declaración ubica al ingeniero Henry Shimabukuro, luego asesor de inteligencia del expresidente Pedro Castillo, como uno de los principales aportantes en la segunda vuelta de los comicios del 2021. Incluso, recordó la primera vez que Shimabukuro llegó al Club Apurímac, inmueble limeño en el que Boluarte Zegarra tuvo su despacho.
Shimabukuro también fue entrevistado en el referido medio de comunicación. Contó que viajó "al costado de la doctora Dina" en todos los traslados. "Ella iba sentada en mi vehículo", aseveró quien también costeó hotel, alimentos, pasajes, entre otros gastos logísticos.
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Mismo pedido de información para Shimabukuro
Además de Sánchez Perales, también fue remitido el exasesor de Castillo Terrones. Desde el momento en que reciba el documento, tendrá cinco días hábiles para brindar lo requerido.
Otras investigaciones de Dina Boluarte
El Ministerio Público investiga a la mandataria junto a su primer ministro, Alberto Otárola, por el presunto delito de homicidio calificado y genocidio. Desde su ascensión en el cargo, ambos acumulan más de media centena de muertos en protesta. Fue mediante su orden que el Ejército salió a las calles para apoyar en el “control interno“ a la Policía Nacional del Perú.
Diferentes reportes periodísticos nacionales e internacionales expusieron el presunto uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Algunos de los fenecidos ni siquiera se encontraban pronunciándose en contra de la clase política dirigente.
