Política

Luis Miguel Castilla: Saber que el modelo económico se mantendría fue un respiro para los inversionistas

En "Claro y directo", Augusto Álvarez Rodrich conversa con el exministro de Economía acerca del capítulo económico de la Constitución, en el marco del pedido de realización de una nueva carta magna.

Augusto Álvarez Rodrich en "Claro y directo". Foto: LR+
Augusto Álvarez Rodrich en "Claro y directo". Foto: LR+

Augusto Álvarez Rodrich, en "Claro y directo", comentó que en las calles se viene pidiendo, con más énfasis, el cambio de la Constitución. En esta misma línea, conversó con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, para conocer cuál es la importancia del capítulo económico de esta y su repercusión en la estabilidad del país, pese a la crisis que se viene atravesando.

En primer lugar, se refirió a qué fue lo que mantuvo a los inversionistas en el país cuando Pedro Castillo asumió la presidencia y hubo una contundente salida de capitales.

"El cambio de ánimo del capital externo fue un candado muy grande que el Congreso puso para que el Gobierno no pueda convocar asambleas constituyentes sin ir por el Congreso. Ese candado significó un respiro y una tranquilidad para los inversionistas nacionales y extranjeros respecto a que el Perú, pese al ruido político, iba a continuar con el mismo modelo económico", manifestó.

Además, el exministro expresó que hay tres elementos de la Carta Magna que no deberían cambiarse debido a que han conseguido sostener la economía peruana.

"Lo primero es el artículo 84, con el que se le da plena autonomía al Banco Central y, más allá de eso, prohíbe que el Gobierno se financie de este, pidiéndole préstamos. Esto ocurrió en el pasado y eso redundó en la hiperinflación, cuando el Banco Central emitía la maquinita, hacía emisión orgánica, y eso acabó disparando la hiperinflación a 7.000% al año", sostuvo.

Luego se refirió al artículo 60, el cual regula el rol subsidiario del Estado: "Donde no entra el privado puede entrar el Estado. Y esto es importante porque, cuando el Estado era un actor clave a través de empresas públicas y había más de 200 empresas públicas, hubo una pérdida de más de 25.000 millones de dólares", expresó.

Finalmente, habló del artículo 62, que tiene que ver con la protección constitucional que se da a los contratos. Es decir, una ley congresal no puede interferir en los acuerdos de las partes.