Iván Lanegra: “Definir la fecha del adelanto de elecciones generará condiciones para dialogar”
El secretario general de la Asociación Civil Transparencia se refirió a las posibles salidas a la crisis que vive el país. “Más allá de la discusión sobre la salida de la presidenta que plantean, se requieren señales claras de un cambio de la política de gobierno”, señaló.
— ¿Qué ha desencadenado la crisis a la que hemos llegado?
— Se suman varios procesos simultáneos. Hay de largo plazo, que viene de varias décadas en que no se ha dado respuestas a sus preocupaciones inmediatas, de carácter colectivo; otras de mediano plazo, de los últimos años, que tiene que ver con la ruptura de un cierto consenso sobre la actuación de los políticos dentro de ciertos linderos democráticos mínimos, que empieza en el 2016 y se ha venido manifestando de diversas maneras, desde intentos de forzar figuras de la Constitución para conseguir objetivos políticos de corto plazo, hasta lo último, un intento fallido de romper abiertamente las reglas de la democracia, el intento de golpe de Estado. Y un tercer aspecto de corto plazo es un nuevo Gobierno que no ha sabido interpretar de manera eficaz las reacciones de muchas personas que han vivido estos fenómenos y que tuvieron cierta expectativa con la llegada de Castillo al poder. Todo eso enfrenta a un Gobierno desconectado, con un Estado que no ha podido generar capacidades mínimas para respetar derechos fundamentales de las personas, que termina apelando a la coerción como una vía para mostrarse, que en realidad más que una muestra de fuerza es de debilidad, que ha tenido efectos nefastos con la muerte de tantas personas.
— ¿Qué salidas puede haber?
— Esa suma de elementos hace que sea tan difícil identificar salidas, porque se puede encontrar una respuesta inmediata a algunas de las dimensiones de corto plazo, pero evidentemente los otros problemas siguen allí.
— Sus pedidos son bien claros: que renuncie la presidenta, nuevas elecciones ya y una asamblea constituyente...
— Son cosas que pueden tener tiempos diferentes. Lo que sí es de urgencia inmediata es la definición de la fecha de las elecciones. No puede seguir postergándose. Es una decisión que toca al Congreso, y es independiente de lo que ocurra con el Ejecutivo. En ese mismo marco, pareciera cada vez más claro que no es posible extender mucho ese momento, y probablemente habrá que revisar las decisiones que se han venido tomando para que este mismo año haya elecciones generales. La otra dimensión, y que tiene otros plazos, es cómo hacer un cambio en la Constitución.
— Pero eso lo tiene que hacer también el Congreso.
— Este Congreso, lamentablemente, tiene niveles de aprobación tan bajos que hace muy dudoso que una cuestión tan importante como una reforma de la Constitución surja de este Parlamento, y eso explica por qué muchas personas digan que no quieren que lo haga el Congreso y buscan otra salida. Por ello, es mejor separar este tema del adelanto de elecciones. Hay que sentarnos a discutir qué camino es el mejor. Sería muy peligroso que esto se decida de manera rápida, sin mayor reflexión, sin condiciones mínimas muy claras para todos los actores. Hacerlo de forma apresurada puede ser un error fatal.
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— ¿Cómo convencer a los manifestantes que quieren todo de una vez?
— Los problemas se atienden de a pocos. Por eso, el tema de adelanto de elecciones es urgente. Cada día que pasa sin esa definición hará más difícil el manejo de los demás temas.
— Una vez más, eso está en cancha del Congreso, y no se sabe si se tendrán los votos...
— Es que el adelanto de las elecciones es, en estos momentos, la primera cuestión clave que va a ayudar a generar condiciones para discutir de mejor manera lo demás. Eso es para empezar a dialogar, para que no tengamos que recurrir al estado de emergencia como única vía para intentar dar cierta tranquilidad en el país, cuando más bien muestra que el Estado es débil. Y después, más allá de la discusión sobre la salida de la presidenta que también plantean, se requieren señales claras de un cambio de la política de gobierno, porque es claro que bajo la forma en que están conduciendo en estos momentos, para empezar, hay responsabilidades políticas por lo ocurrido por las muertes, pero además el enfoque para afrontar la crisis.
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— ¿Luego se vería lo de la asamblea constituyente y otras demandas?
— Además, por una cosa bien concreta. Imaginemos que las elecciones son en setiembre, entonces la discusión de todos estos temas, incluyendo el cambio de la Constitución, va a ser parte de la campaña presidencial y congresal. Por lo tanto, trasladas esa discusión de una esfera desordenada, como está en estos momentos, a una esfera que por lo menos permite que los partidos que participan en las elecciones vayan con propuestas sobre el tema, lo que puede generar una discusión fuera del Legislativo y Ejecutivo, que tienen niveles de aprobación muy bajos.
— ¿Es posible adelantar las elecciones para este año?
— Es posible en el sentido logístico, pero para que sea efectiva hay que hacer cambios legales, que está en la cancha del Congreso, como la modificación de la fecha, y también se requiere voluntad política; es decir, los votos para hacer los cambios.
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— Y con los antecedentes de estos parlamentarios, ¿tendrán voluntad política para hacer los cambios?
— No solo este Congreso, sino también desde el 2016 ha actuado con un cálculo cortoplacista por la debilidad de los partidos y la ineficacia e inexperiencia de la mayoría de los congresistas. Es probable que solo por la presión de la opinión pública, con protestas muy fuertes, terminen tomando la decisión.
— La democracia está muy vinculada al respeto de los derechos humanos, pero la forma en que se ha respondido a las protestas ha dejado 50 muertos. ¿Cómo evitar que se repitan los disparos directamente al cuerpo que hemos visto?
— Está la dimensión penal, que conducen los fiscales, donde deben darse las máximas garantías para una investigación independiente, para que no haya impunidad en los casos en que se cometieron crímenes. Decenas de ciudadanos han muerto en las protestas, inclusive por disparos al cuerpo, en zonas en las que los efectivos deberían evitar, como disparos a la cabeza, pero también está el policía asesinado, cuyo caso igual tiene que ser investigado a fondo. La segunda dimensión es política. El Gobierno debe asumir su responsabilidad política por un número tan alto de muertes, en una situación que no debería generarse ninguna. Además, hay responsabilidades de los políticos que animan a esos actos, y se aprovechan del descontento, que es real, y jalan agua para su molino. Lo que diferencia a la democracia del autoritarismo es que los derechos humanos importan y hay un compromiso político, moral y ético con los derechos de las personas... Pero cuando la gente empieza a normalizar que el Estado tiene que hacer lo que sea, hasta poner en riesgo la vida de la gente, incluso inocente, cuando eso empieza a ser considerado justificable, ya hablamos de una cultura autoritaria, y eso muy peligroso para una democracia.