Iván Lanegra: “No se cumplen supuestos para suspensión de Castillo, no se debe forzar la Constitución”

Más allá de los fundamentos y razones, la vacancia depende los votos, y en el caso de la suspensión no se cumplen los supuestos, considera Lanegra, quien advierte que se pueden generar condiciones para afectar la estabilidad de futuros gobiernos si es que se fuerza la Constitución para sacar al presidente Pedro Castillo.

— ¿La vacancia toma fuerza o se está debilitando?

— Si asumimos la interpretación por la cual la vacancia por incapacidad moral permanente es una cuestión vinculada a elementos que muestran una incapacidad por parte del presidente de la República, me parece que en esta ocasión hay más elementos de los que hubo en anteriores pedidos de vacancia. Hay más información, más hechos que han surgido.

— ¿Considera que debe proceder?

— Podemos discutir si la figura de la vacancia es la manera más adecuada, pero más allá de la naturaleza de la acusación y si hay fundamentos por la naturaleza de la Constitución, todo depende de los votos. No debería ser así y, tal como pasó en el caso Vizcarra, más que los fundamentos, pesan los votos.

— Si la oposición no puede con la vacancia, irá por la suspensión; para eso están modificando el reglamento para aplicar la causal del art. 114.1 de “incapacidad temporal del presidente, declarada por el Congreso”.

— Eso tiene dos problemas: jurídico y político. El problema legal es que esta figura está pensada para supuestos muy precisos, en los cuales, por ejemplo, en caso de un accidente, el presidente en ejercicio no tiene la posibilidad de estar al frente de la presidencia por una limitación física temporal. La figura es clara, pues cuando esa limitación temporal acaba, puede retornar para ejercer su mandato. Si van más allá de ese elemento y fuerzan la suspensión, lo más probable es que será resuelto por el Tribunal Constitucional.

— ¿Y el problema político?

— Si se permite que se aplique la suspensión con base en ese supuesto (incapacidad temporal), eso generaría un nivel de inestabilidad a cualquier gobierno en el futuro, generando crisis política. Los supuestos para separar del cargo al presidente están ligados al art. 117 y el Tribunal Constitucional (TC) ha dicho claramente que no se puede aplicar de manera amplia, pues podría afectar el orden político en el país.

— ¿Por ahora no hay condiciones para la suspensión?

— No se cumplen los supuestos para suspender a Castillo, tendrían que optar por otro tipo de figuras. No se debe forzar la Constitución, pues van a generar serios problemas a los próximos gobiernos.

— En la Comisión de Constitución se ha aprobado un dictamen del adelanto de elecciones. ¿Hay condiciones para eso?

— Es muy importante que, antes de pensar en nuevas elecciones, se lleven a cabo las reformas necesarias para no repetir la misma situación de precariedad. Las reformas por sí solas no van a ser suficientes, pero sí pueden ayudar a evitar los escenarios más terribles, como una extrema polarización, extrema precariedad, este tipo de condiciones debemos cambiarlas. Ir a elecciones sin las reformas va a llevarnos a lo de siempre.

— ¿El informe de OEA influyó de forma positiva o negativa?

— Debemos tener en cuenta que es un informe preliminar. El Grupo de Alto Nivel está atento a las reacciones que se están teniendo en el país, con observaciones e inclusive recomendaciones al informe para corregir los problemas pendientes. Tal como están las recomendaciones, claramente son insuficientes. El diálogo requiere un conjunto de condiciones, un mecanismo claro, y eso no está delineado en el informe preliminar.

— La parte relacionada con la prensa es cuestionada.

— El caso de las referencias a la libertad de expresión y la libertad de prensa ha generado reacciones y desde mi punto de vista ha habido una mala comprensión. Eso revela que hay un problema y hay que ser mucho más claros y precisos. El informe de la OEA, tal como está de manera preliminar, tiene que ser mejorado.

— En esta coyuntura, la participación del TC será clave.

— Es una figura central, pues sus decisiones pueden ayudar a corregir problemas en la clasificación de las normas funcionales. Si toman una decisión errada, puede terminar incluso por agravar la crisis. El TC tuvo la oportunidad de llegar a definir más detalles de la aplicación de la vacancia por incapacidad moral permanente, pero no lo hizo. Si lo hubiera hecho, ahora habría menos incertidumbre.

— La presencia de Betssy Chávez, con el asesor Aníbal Torres, no ayuda al diálogo.

— Digamos, efectivamente, que no ha sido su talante generar condiciones para un diálogo amplio, pero el problema va más allá, incluso una persona que tiene pocas capacidades puede ser compensada por otros actores que sí la tienen. El problema es que el Gobierno carece de esas capacidades.

— En medio de enfrentamientos del Ejecutivo con el Legislativo, surgen problemas sociales como en Ayacucho y no hay quién resuelva.

— Eso nunca se detuvo. Hemos tenido protestas en la época de Kuczynski, Vizcarra y Sagasti. Todos han tenido que afrontar protestas recurrentes, el problema está en que un gobierno débil tiene más dificultad para llegar a acuerdos, o no tiene la capacidad suficiente para atender los conflictos y eso puede terminar por agravar la situación de conflictividad.

— Se supone que el gobierno del pueblo debe atender mejor a las comunidades que protestan.

— Pero no es así, un ejemplo reciente es el conflicto alrededor de la política de educación intercultural bilingüe, donde las autoridades trataron de manera muy poco respetuosa a los pueblos indígenas, que están pidiendo que su derecho a una educación bilingüe sea respetado. Los conflictos siempre han estado, no se han ido, pero si hay menor capacidad del Estado para atender los problemas, se pueden agravar.