Beatriz Ramírez: “Esto del primer poder del Estado que repiten tanto en el Congreso hace mucho daño”

A pesar de la resolución judicial que suspende la elección del defensor del Pueblo, el Congreso decidió continuar. La abogada Beatriz Ramírez mandó una carta en la que anunciaba que se apartaba del proceso, pero no le hicieron caso. Acá, responde sobre los problemas legales que se vislumbran por el comportamiento del Legislativo.

—¿El Congreso ha cometido una infracción constitucional al ir a la votación de la primera terna para un nuevo defensor del Pueblo?

—Para mí, sí. Se ha violado una regla de la Constitución que está en el artículo 139, punto dos, muy clara, al señalar que ninguna autoridad puede interferir con el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Lo correcto es contradecirlas.

—Rebatirlas.

—Rebatirlas, impugnarlas. Lo que no debería pasar es que las incumplas o interfieras en el procedimiento, que es un poco lo que ha pasado ayer. La resolución cautelar ya había salido antes de que se eligiera la terna, entonces lo que correspondía era que siguiera en suspenso el procedimiento. Todo se movió intempestivamente el jueves. Y yo misma, Enrique, he criticado la medida cautelar porque no tienen fundamentación, a diferencia de la primera que se emitió cuando el Congreso hizo el primer proceso de selección, pero hay que cumplir las resoluciones judiciales.

—He leído su carta y es explícita su renuncia. El argumento de la congresista Barbarán, de que usted es ambigua en la redacción, no se sostiene. ¿Por qué tenían que votar por usted de todas maneras? ¿Para “deshacerse” de esta primera terna y avanzar sobre la siguiente?

—Sí, intuyo que sí, es posible. Cualquiera que leyera la carta, como bien dice, le quedaba claro el mensaje. Hay un problema en nuestro entorno, que la gente es absolutamente literal y si no ve una palabra no entiende el sentido de las ideas. Bueno, la próxima pondré “renuncia” en negritas, mayúsculas y subrayado. Era evidente para cualquiera el sentido. No comparto la posición de la congresista (Barbarán), pero también entiendo que muchas personas razonen así. No es exclusivo de ella.

—¿Qué les está diciendo el Congreso a los ciudadanos cuando las primeras opciones que las propias bancadas identifican como las más idóneas para el cargo de defensor no consiguen ni la mitad de los votos?

—El Congreso tiene la potestad de elegir a quien considere. A mí lo que me preocupa del procedimiento es el absoluto irrespeto por las formas. Ese es el mensaje más clamoroso. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con un candidato, pero si en algo podríamos ponernos de acuerdo como mínimo es que las formas importan. Lo que no se debe pasar por alto es que un poder del Estado no haga caso a las órdenes jurisdiccionales. Incluso cuando el Congreso mismo acaba de reformar las normas procesales constitucionales y lo único que ha hecho es cambiar al juzgado que va a conocer los procesos en contra del Parlamento: ahora los verá una sala. Si el Congreso admite que se pueden presentar cautelares contra los procedimientos parlamentarios, ¿por qué no cumple con una cautelar? Deja la sensación de un “yo hago lo que mi poder me permite”, un pésimo mensaje. No hay que permitírselo a ningún poder público.

—¿El Congreso hace lo que le parece ejerciendo uso y abuso de su poder, al menos en este caso?

—Me parece que sí. Es especialmente grave justo cuando el presidente Castillo está respondiendo por posibles infracciones constitucionales que el Congreso dirimirá. El Parlamento debería ser muy escrupuloso en el máximo respeto por la Constitución. Esta elección se pudo hacer cuando terminara el proceso. Si se descartaba a la terna hubiese sido una decisión política válida, no ilegal.

—¿Qué escenario se abre si el Congreso insiste en elegir al nuevo defensor del Pueblo?

—Si el Congreso continúa con el procedimiento de elección, está cometiendo una infracción constitucional y entrando en un abierto desacato de la resolución judicial, con lo cual el juzgado puede pronunciarse sobre la validez de la decisión. Ya entramos en un cuestionamiento de la legitimidad del proceso.

—¿Es correcto que un Congreso elija al defensor del Pueblo? ¿Es la mejor fórmula?

—Desde hace tiempo, a propósito de lo que ocurrió con el Tribunal Constitucional, yo he propuesto que se saque del Congreso la elección de órganos de justicia y emblemáticos. Por ejemplo, para el TC y la Defensoría deberíamos pasar a un sistema como el de la Junta Nacional de Justicia, que fue elegida por una comisión especial de titulares del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Contraloría, de la Defensoría, más rectores de universidades públicas y privadas. Eso es lo más plural.

—Para que no se dependa de los intereses políticos de las fuerzas del Parlamento.

—Por eso es que hay que sacarlo de allí. Además, para que uno no tenga miedo de alzar la voz. Porque, otra cosa, quien ocupe la Defensoría tiene que ser una voz discrepante. Si te elige el Congreso puedes tener pocos incentivos para resolver en su contra, lo mismo con el TC.

—La congresista Tania Ramírez escribió el miércoles, un día antes de la sesión, que ya se iba a “recuperar” a la Defensoría del Pueblo. ¿No es una lógica de captura institucional?

—Por eso nos haría bien sacar del Congreso a este tipo de decisiones. Cuando uno está en el poder, puede estar tentado de tener todos los poderes concentrados y es mejor evitar que el Congreso elija a tantos organismos constitucionalmente autónomos. El TC debería salir de esa lista y la Defensoría también.

—¿Es un episodio más de esta confrontación de poderes?

—Sí. Se evidencia la falta de articulación entre los poderes, en este caso entre el judicial y el parlamentario. Esto del primer poder del Estado que repiten tanto en el Congreso hace mucho daño, la idea de que el poder parlamentario está exento de control nos hace mucho daño. En un Estado que se precia de ser más ordenado, los poderes públicos se hacen contrapeso entre ellos.