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Política

Defensoría solicita informe de cumplimiento de perfil de Javier León como procurador general

El requerimiento de la entidad se da “a fin de garantizar la idoneidad en el acceso a la función pública”, de acuerdo con una publicación en redes sociales.

Javier León es el nuevo procurador general del Estado. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República
Javier León es el nuevo procurador general del Estado. Foto: composición de Fabrizio Oviedo / La República

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la designación de Javier León Mancisidor como nuevo procurador general del Estado y solicitó al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos que brinde el informe de cumplimiento de perfil para ocupar dicho puesto.

Por medio de sus redes sociales, la entidad manifestó que el objetivo de su solicitud es garantizar la idoneidad en el acceso a la función pública, de acuerdo con la Ley 31419 y el Decreto Legislativo n.° 1326.

Javier León es investigado por apropiación ilícita para delinquir, falsificación de documentos y fraude procesal por permitir al preso narcotraficante Fernando Zevallos, ‘Lunarejo’, evitar el desalojo de su familia de su lujosa residencia de Las Casuarinas, la cual está valorizada en 1 millón de dólares.

Cabe resaltar que León Mancisidor ejerció como asesor del congresista fujimorista Carlos Tubino mientras ya era indagado por la Fiscalía en 2013.

Como se sabe, este jueves 6, el Gobierno retiró del cargo de procuradora general del Estado a María Caruajulca Quispe luego de que la Contraloría emitiera un informe en el que advertía irregularidades en el procedimiento de nombramiento al ser designada en el puesto a pesar de no haber presentado una declaración jurada sobre no tener procesos en su contra.

La designación de Caruajulca Quispe fue concluida por medio de la Resolución Suprema 188-2022-JUS, publicada en el boletín de normas legales del diario oficial El Peruano. Ella había sido nombrada el pasado 25 de febrero como reemplazo de Daniel Soria Luján, quien fue retirado del cargo tras presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Nación solicitando que el presidente de la República, Pedro Castillo, fuera investigado por el caso Puente Tarata.

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