Juan Jiménez: “Hemos convertido a la corrupción en el delito estelar de la criminalidad organizada”

El expresidente del Consejo de Ministros Juan Jiménez Mayor dijo que si bien hay que investigar la trama de corrupción instalada en el Ejecutivo, medidas como pedir la prisión preventiva por 36 meses para la cuñada del presidente puede resultar contraproducente.

— ¿Para usted la única salida son las elecciones generales?

— Sí, creo que cada vez más la orientación de la opinión pública está en superar la crisis a través de un adelanto de elecciones. Es una situación excepcional. Atravesamos una pandemia con graves consecuencias y lo que le tocaba al Perú era tener un gobierno que pueda conducirnos hacia soluciones y reformas, sin embargo, no tiene dirección y solo trabaja para defenderse de acusaciones. Al lado, el Parlamento tampoco sabe cómo suplir esas carencias. Ambos, Gobierno y Congreso, son la causa de las multicrisis que tenemos a diario.

— Si bien puede ser la salida que la mayoría acepta, eso sugieren los sondeos al menos, lo real es que los actores involucrados no parecen tener mucha voluntad de dar ese paso.

— Si bien la zona de confort de los congresistas, con sus prebendas, salarios e inversiones, colocan al país en una situación límite, la realidad en política puede cambiar.

— ¿Qué puede disparar ese cambio?

— Las investigaciones a cargo de la Fiscalía…

— Si las pruebas se vuelven contundentes, ¿eso dispararía las elecciones? ¿Estamos en manos de la Fiscalía?

— Estamos en manos de la Fiscalía, en la medida que actúe de manera sensata y oportuna.

— ¿No actúa sensatamente?

— Creo que sí, lo que pasa es que estamos en un escenario crítico de desconfianza de la población hacia todos. El sistema de justicia es un conjunto de entidades muy cuestionadas. La victimización que implanta el gobierno tiene como aliada a esa crítica al sistema de justicia. Fiscalía y Poder Judicial tienen que ser muy sensatos al momento de dictar sus apremios y decisiones judiciales en relación al aparato de corrupción enquistado en el Ejecutivo. Por ejemplo, el pedido de 36 meses a la cuñada del presidente….

— ¿Le parece un exceso?

— Sí, me parece desproporcionado. Ha cometido presuntos ilícitos, hay cuestionamientos muy serios sobre su intervención, pero hay que darle el lugar que corresponde. Le voy a citar algunos casos para que me entienda.

— Adelante...

— Yo fui promotor de la ley de crimen organizado, de 2013. Se dio en circunstancias en las que el Perú trató de adelantarse a la situación de criminalidad que se aprecia en Centroamérica y México. Se buscaba darle ciertas herramientas al sistema de justicia para reaccionar y dictar medidas excepcionales para enfrentar la criminalidad de sangre, como sicariato o extorsión.

— ¿Corrupción?

— También corrupción, por cierto. Pero hemos convertido a la corrupción en el delito estelar de la criminalidad organizada, cuando deberíamos tener en cuenta que hay un elemento de mucha mayor lesividad social cuando hablamos de la seguridad de las personas. Digo esto para decir lo siguiente: en el caso de Los Injertos del Norte de Barranca, organización criminal apresada en el 2013, se les dio nueve meses de prisión preventiva. En el caso de Los Desalmados del Tráfico Humano, en Arequipa, en noviembre de 2018 se apresó a 14 personas y la prisión preventiva fue de 18 meses. Los Cuervos de Paramonga, perseguidos por doce homicidios, fueron apresados en mayo de 2018 en un operativo que incluyó a 850 policías, más de 100 fiscales, 33 allanamientos, y se les dio una preventiva de 15 meses. Todo está en fuentes abiertas. A Caracol le dieron 18 meses. Y a Gerald Oropeza 18 meses.

— ¿Diría que hay desproporcionalidad?

— Lo que quiero decir es que debe haber proporcionalidad en las medidas de prisión que se dicten en el país. El caso de la señorita Paredes es totalmente recusable, pero hay que poner las cosas es su dimensión. Si con estas bandas criminales que matan gente, el sistema de justicia responde con menor intensidad que en los casos de corrupción, lo que vas a provocar es una victimización. En el Perú hay un fenómeno de judicializar la política. Entre todos se acusan, todos quieren resolver el tema político en los tribunales, y el problema puede ser un boomerang para el sistema.

— ¿La figura de la organización criminal a veces ya suena exagerado?

Bueno, Pedro Pablo Kuczynski tiene cinco años dando vueltas sin que se resuelva su situación. Pero más allá de eso, lo exagerado en su caso es que lo involucran en ese delito por tres personas: su secretaria, su chofer y él. Lo que ocurre es que el epíteto de organización criminal permite que existan ciertas medidas procesales que se pueden aplicar. Una persona puede ser investigada por 72 meses, seis años.

— La propia prisión preventiva, muy empleada, es una de esas medidas.

— Así es. La ley de crimen organizado no se hizo para extender prisiones preventivas ni extender los plazos de investigación de manera irrazonable. Era necesaria una legislación que ofrezca herramientas para investigar y sancionar a organizaciones grandes, que causen mucho daño en la sociedad, que sean peligrosas, que causen zozobra. El famoso “Viejo Paco” ha sido una de los más sanguinarios criminales peruanos, falleció en la pandemia, y llevó la criminalidad a niveles de mucha organización. Él impuso este modelo, digamos. Pero ahora todo es organización criminal. ¿Por qué? Para establecer estos apremios y posibilidades mucho más laxas de investigación. No digo que lo que se está estableciendo en el caso del presidente Castillo no sea una organización criminal; sin embargo, hay que ver las características.

— ¿Cuáles?

— Hay que ver la legislación y la Convención de Palermo. Una organización criminal son tres o más personas que se juntan para cometer delitos, obtener ganancias ilegales, lavar activos, con roles diversos para cada integrante y con estabilidad en el tiempo. Es como una empresa dedicada al crimen. No puedes decir que para un solo delito hay una organización criminal. Eso sería, en todo caso, una asociación ilícita para delinquir. Hay que pensar en Al Capone, en ese tipo de cosas cuando hablamos de organización criminal. Una última cosa, ¿por qué en el Perú los centros de escucha los tiene la Policía? En otros países los tiene la Fiscalía, así es en Guatemala, por ejemplo. Es un riesgo que los tenga la Policía.