Lilia Paredes habría coordinado red criminal desde Palacio de Gobierno

El Equipo Especial Contra la Corrupción del Poder formalizó la investigación preparatoria contra la primera dama Lilia Paredes Navarro; sus hermanos Yenifer, Walter y David; y los empresarios Hugo y Anggi Espino Lucana, por el presunto delito de organización criminal en agravio del Estado.

De acuerdo a la disposición fiscal a la que accedió La República, la primera dama Lilia Paredes se encargaba de viabilizar, financiar y dar celeridad a los proyectos de inversión pública referentes a la ejecución de obras en las diferentes entidades de los gobiernos, a través de su hermana Yenifer Paredes, con conocimiento y venia de su esposo, el presidente de la República, Pedro Castillo.

La hipótesis fiscal cobra mayor fuerza luego de que el empresario Hugo Espino Lucana informara ante el equipo especial que, el 8 de agosto del 2021, se reunió con Yenifer Paredes, cuñada del presidente Castillo, quien le comunicó que desde Palacio requerían un “chip de teléfono celular” a nombre de una tercera persona para las coordinaciones con Lilia Paredes, debido a que temían ser interceptadas o, en sus palabras, “chuponeadas”.

En esa línea, Hugo Espino indica que en dicha reunión la esposa de Pedro Castillo le dijo a Yenifer Paredes que apoye con proyectos de inversión a favor de la Municipalidad de Chachapoyas; según la Fiscalía, por un supuesto grado de amistad con el alcalde de la entidad.

Asimismo, el representante de la empresa JJM Espino & Construcción precisa que Lilia Paredes fue la encargada de coordinar el financiamiento de la obra en el distrito de Chadín (Cajamarca), en concertación con el presidente Pedro Castillo.

“Lilia Paredes mantendría una estrecha relación con los demás miembros de la organización criminal, por lo que coordinaba con ellos para hacerse de la ejecución de obras públicas, conociendo que a quienes iba a favorecer eran personas estrechamente allegadas a la casa presidencial, entre amistades, personas de confianza y familiares directos, a quienes tenía el poder para lograr beneficiar en la licitación pública, otorgando la buena pro y la adjudicación de la ejecución de las obras”, dice la disposición fiscal.