Comisión de Constitución no debatirá este martes pedido de facultades

La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados no debatirá ni votará este martes el pedido de facultades legislativas que presentó el Poder Ejecutivo. El plazo de 15 días hábiles que fija el Reglamento del Congreso para emitir el dictamen —el documento donde la comisión define si aprueba o rechaza el pedido— vence el 22 de septiembre.

En vez de una sesión de votación, la presidenta del grupo de trabajo, Giannina Avendaño, convocó una audiencia ciudadana para el martes veintidós, a las 3.30 p. m., en el auditorio Alberto Andrade Carmona del Congreso. El secretario de la comisión, el diputado Heber López de la bancada Cívico Obras, confirmó a La República que no habrá dictamen mañana. "Es un tema que nosotros debemos informar a la ciudadanía a que se debe el retraso", dijo, sobre el objetivo real del evento.

La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, envió un oficio a Avendaño el pasado 20 de septiembre. En el documento pidió que se remitan, en formato digital, todas las opiniones e informes técnicos que hayan llegado a la comisión sobre el pedido. La solicitud incluye posiciones de ministerios, organismos autónomos, colegios profesionales y especialistas. Rocha planteó que, mientras no exista un dictamen, todavía no corresponde hablar de una denuncia constitucional contra la presidenta de la comisión. La legisladora, sin embargo, dejó abierta la puerta a una queja ante la Comisión de Ética.

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López, en cambio, atribuyó la demora a otro motivo. La comisión, explicó, esperaba los informes de otras comisiones del Congreso que también debían opinar sobre el pedido antes del dictamen final. Según su versión, el último de esos documentos llegó recién el viernes pasado. "De parte nuestra, no ha habido ninguna demora", afirmó.

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Diputados cuestionan convocatoria de audiencia ciudadana el mismo día que vence el plazo

Para varios diputados que integran la comisión, la fecha elegida para la audiencia llama la atención. El diputado Frank Krklec, de Renovación Popular, contó a La República que la bancada tenía autorización de la Junta de Portavoces para suspender la semana de representación parlamentaria y así avanzar con el dictamen. En su lugar, dijo, Avendaño decidió tomarse esa semana y luego convocó, de manera sorpresiva, la audiencia para el día que vence el plazo.

Krklec fue más allá y cuestionó el propósito real del evento. Según su lectura, sectores de izquierda estarían llamando a sus propios seguidores para inscribirse y así mostrar rechazo público a la delegación de facultades. "Esto demuestra mucha improvisación e informalidad de su parte", sostuvo sobre la gestión de la presidenta de la comisión.

López Letona, secretario del grupo de trabajo, ofreció una versión distinta. No negó el atraso, pero insistió en que la audiencia no reemplaza al dictamen y que su único fin es explicar a la población el motivo del retraso. También reconoció que otras bancadas evalúan presentar una queja ética o una denuncia constitucional contra la directiva de la comisión. "Están en su derecho", dijo, y adelantó que la comisión "responderá como procede" si eso ocurre.

En declaraciones para este diario, el vicepresidente de la comisión, Fernando García, de la bancada Buen Gobierno, agregó que la audiencia convocada busca aclarar directamente a organizaciones gremiales, sindicales y a la sociedad civil qué contiene realmente el pedido de facultades, frente a lo que llamó una "retórica" instalada según la cual, sin esas facultades, no se podría combatir el crimen ni enfrentar el Fenómeno El Niño. García recordó que otorgar facultades legislativas es una prerrogativa de la Cámara de Diputados, no una obligación, y que el Ejecutivo no puede plantearlo como una exigencia.

García adelantó además que la comisión no sesionará este martes, sino que la presidenta Avendaño convocará recién la próxima semana, una vez concluya la semana de representación parlamentaria. Explicó que ya se recibieron los informes de todas las comisiones a las que se derivaron las distintas materias del pedido, y que ese material se está cruzando y evaluando antes de armar el documento final. Sobre la posibilidad de una denuncia constitucional o una queja ética en su contra y la de Avendaño, respondió que los diputados "tienen todo el derecho" de presentarla, pero consideró que sería "una exageración", porque desde su punto de vista la comisión no ha incumplido ningún compromiso, sino que está tomándose el tiempo necesario para sacar "un buen dictamen".

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Para Renovación Popular y Fuerza Popular, bancadas afines al Gobierno, el problema no es solo el retraso, sino de una falta de posición clara de la comisión antes de la fecha límite.

Rocha sostuvo que la prioridad debía ser sesionar y emitir el predictamen, no organizar una audiencia. Agregó que una audiencia pública puede ser importante, pero que no debería servir de excusa para saltarse un plazo que el propio reglamento marca como improrrogable.

Krklec confirmó a este diario que, junto a Rocha, seguirá de cerca lo que ocurra este martes en la audiencia. Dependiendo del resultado, dijo, la bancada evaluará qué acciones tomar a futuro, entre ellas una denuncia constitucional o una queja ante la Comisión de Ética contra la directiva del grupo de trabajo.

En Fuerza Popular, la diputada Cecilia Chacón también cuestionó el manejo de la comisión. Señaló que sus integrantes cuentan con dispensa durante la semana de representación, pero que hasta el momento no fueron citados a sesionar. Chacón añadió que no le sorprendería un informe final desfavorable al pedido del Ejecutivo, luego de que el diputado Christian Aranda de Renovación Popular adelantara esa posibilidad. Aun así, remarcó que los informes de comisión no son vinculantes y que el pedido todavía puede avanzar en el pleno y en el Senado.

Por su parte, el presidente del Senado, Miguel Torres, respaldó ese reclamo desde la otra cámara. Cuestionó la rapidez con la que Juntos por el Perú impulsó primero una interpelación y luego la censura contra Astudillo, mientras el pedido de facultades sigue sin dictamen. "Muy rápidos para pedir una censura", afirmó, y consideró que el Congreso debería concentrarse más bien en aprobar las facultades.

Desde el Ejecutivo también se pronunciaron. El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli, explicó que mientras el Congreso evalúa el pedido seguirán usando los mecanismos legales que tiene disponibles para destinar recursos a inteligencia, armamento y equipamiento de la Policía. "Si no nos dan las facultades legislativas, seguiremos mediante el esquema de decreto de urgencia, decretos supremos", sostuvo.